Unidades del Control de Multitudes de la Policía Nacional y hasta una grúa para la movilización de los buses en la piquera de Veranillo se encuentran apostados en los terrenos donde ésta opera, esperando los resultados de una reunión entre la corregidora Mara Muñoz de Lasso y el representante del corregimiento de Belisario Porras, Erick Portocarrero.
Portocarrero, mediador en el conflicto, ha solicitado un plazo de 30 días para resolver la disputa entre los transportistas y la empresa G.C.H Investment Corp, asegurando que de no solucionar el problema en el periodo solicitado, entonces pondrá su cargo a disposición.
De llegar a un acuerdo con las partes, quedaría suspendido el desalojo programado para este viernes, sin embargo tanto transportistas como unidades de la policía esperan el desenlace de la reunión en la que también participan los abogados de los involucrados.
Aunque los transportistas han sido advertidos del desalojo en múltiples ocasiones, éstos no aceptan la medida y en reiteradas ocasiones han recurrido a recursos legales para evitar ser desalojados.
El terreno donde opera actualmente la piquera de buses es reclamado por la empresa G.G.C.H Investment Corp.
