Washington.- "El gobierno de Panamá no sólo dejó de cumplir sus promesas de abrogar las llamadas leyes mordaza, sino que en el año 2000 realizó varias tentativas para imponer nuevas restricciones (a la libertad de prensa), a la vez que varios periodistas recibieron condenas de prisión por injuria".
Con esta sombría introducción se abre el capítulo sobre Panamá del informe anual del Comité para la Protección de Periodistas (CPP). El informe, denominado "Ataques contra la prensa", revela 600 desmanes contra periodistas en todo el mundo en el año 2000, con un saldo de 24 muertos, y 81 actualmente presos o amenazados con prisión, por lo menos siete u ocho de ellos en Panamá.
El documento cita específicamente los casos de Carlos Singares, Jean Marcel Chéry, Gustavo Gorriti, Miren Gutiérrez, Rolando Rodríguez y Mónica Palm.
Por cierto, la situación en Panamá no se compara con el terrorismo que sufre la prensa en países como Colombia o a la represión del régimen de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos mientras éstos gobernaban en Perú, o a las largas condenas que sufren algunos periodistas disidentes en Cuba.
Sin embargo, la ausencia de una política decisiva que garantice la libertad de expresión por parte del gobierno de Moscoso y su poder judicial, se cierne como una nube gris sobre los esfuerzos por restaurar plenas libertades democráticas después de 12 años del derrocamiento de la dictadura del general Manuel Noriega, según funcionarios de Estados Unidos y de la Organización de los Estados Unidos.
El informe del CPP es el tercero que denuncia deficiencias en el sistema judicial panameño. El primero fue emitido por la sección económica del departamento de Estado y el segundo por la oficina del Negociador Comercial de la Casa Blanca; ambos señalan deficiencias en la aplicación de normas de libre comercio y de un sistema judicial vulnerable a la corrupción.
También la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió al gobierno panameño para que cese la persecución de reporteros de los diarios La Prensa, El Panamá América y El Siglo.
"Francamente este tipo de crítica es un ojo negro para el gobierno panameño," comentó un funcionario del gobierno de Estados Unidos que habló a condición que no se usara su nombre.
La propia presidenta Mireya Moscoso y miembros de su gobierno rechazaron las críticas del gobierno de Washington como "subjetivas" además de pretender que estaban basadas en estadísticas incompletas por limitarse al año 2000.
Como para salir al paso de ese tipo de argumento, la oficina del Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) postergó hasta fin de este mes su informe anual que era esperado esta semana.
"Estamos recogiendo las más recientes informaciones de Panamá para poder tener un cuadro más completo de la situación en que se encuentran varios periodistas amenazados con prisión", confió un funcionario a El Panamá América.
Mientras los dos primeros informes son documentos oficiales del gobierno de Estados Unidos que podrían interpretarse reflejando actitudes políticas "subjetivas", el documento del CPP representa una evaluación profesional de un organismo no gubernamental, fundado por los prestigiosos periodistas estadounidenses Walter Cronkite, de la cadena de televisión CBS; y Gene Roberts, ex director del New York Times; y Bill Kovach, ex director del Programa Nieman para Periodismo de la Universidad de Harvard, quienes consideran que las violaciones a la libertad de expresión y de los medios informativos son sujetas a normas internacionales como la Carta de los Derechos Humanos de la ONU y la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que establecen "criterios objetivos" que se observan en los países democráticos.
En tanto, el informe del CPP recuerda que varios de sus directivos se reunieron con la presidenta Mireya Moscoso el 8 de septiembre de 1999, sólo una semana tras su toma de posesión, para instarle a que anule las leyes mordaza.
"Pocos meses después", explica, "Moscoso firmó una ley que abrogó algunos de los peores aspectos, inclusive parte de una ley de 1978 que autorizaba al gobierno a cerrar un periódico si este publicaba "información falsa". Bajo la nueva ley, el gobierno estaba obligado a presentar nuevos proyectos de ley antes del mes de junio del 2000 que se esperaba pusieran las leyes de prensa panameña acorde con las normas internacionales. Pero el gobierno no lo intentó".
El documento recuerda que el pasado 25 de mayo el Comité de Comunicaciones y Transporte de la Asamblea Legislativa aprobó un proyecto de ley que hubiera ampliado ciertos aspectos criminales de la legislación que rige la difamación, pero que después de "vocales protestas" de los medios informativos panameños la medida fue retirada el 28 de junio.
"El 31 de julio la presidenta Moscoso dio otro paso hacia atrás al firmar la Ley 38, un código administrativo que de hecho elimina el concepto de la información publica, a la vez que "llamadas para la eliminación de las leyes de desacato quedaron sin respuesta".
El informe también destaca la manera en que el procurador José Antonio Sossa "usó las leyes de desacato para castigar a periodistas que informaron sobre su supuesta amena vida privada".
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