La legisladora Teresita de Arias respondió ayer a la ministra de Educación, Doris Rosas de Mata, que si habría que elegir al funcionario más "incompetente" de este gobierno, seguro que sería ella la favorecida.
Indicó que el problema de la funcionaria es que no ha tenido la capacidad de ejecutar el presupuesto que se le asigna, al punto que de B/.61 millones que se le establecieron para la reparación y mantenimiento de escuelas de todo el país, sólo ha ejecutado B/.12 millones.
A juicio de la legisladora, lo que sucede con la ministra es que se disgusta cada vez que le solicitan información o le exigen cuentas del manejo de los fondos que se le asignan y por eso la reacción que tuvo el miércoles en el pleno legislativo.
Expresó que después de la actuación de la ministra ante el pleno, no le extraña para nada como se comportan los estudiantes en las calles. Con respecto al viceministro de Educación, Adolfo Linares, se limitó a afirmar que le da pena que no heredó "ni la inteligencia de su padre ni la elegancia de su madre".
También criticó el poco interés que le ha prestado a la reparación de escuelas, al manifestar que apenas conoce el "kinder de rabiblancos" donde manda a sus dos hijas.
Las declaraciones de la legisladora se dieron después que la ministra Rosas de Mata mostrara su disgusto por el comportamiento que mantuvieron la legisladora Arias y su suplente, Aníbal Culiolis, que le hicieron severos cuestionamientos durante su comparecencia a la Comisión de Educación y al pleno legislativo durante las sesiones extraordinarias.
La legisladora retó a la ministra que demuestre si acaso sabe manejar una computadora para saber si está capacitada para enfrentar los retos que presenta la tecnología moderna para la enseñanza.
El abogado constitucionalista afirmó que cualquier cambio en el sistema debe fundamentarse en garantizar la participación ciudadana, en acabar con la "impunidad de un número de funcionarios" y con la falta de transparencia en los actos de Gobierno y de los distintos órganos del Estado, "particularmente en la administración de justicia".
En el foro también expuso el abogado Silvio Guerra, quien insistió en que es imprescindible que quienes administran justicia, además de su independencia probada, estén conscientes de su capital responsabilidad de respetar la letra de la Constitución y las leyes.
"No se puede admitir que la interpretación apague el sentido de norma constitucional y menos de la ley", dijo Guerra.
Al hacer su examen del estado de la administración de justicia, el exmagistrado de la Corte, Edgardo Molino Mola reconoció que aunque se hagan los cambios en otras esferas del sistema, persistirá la crítica ciudadana por la forma como se escogen los magistrados.
Afirmó que si bien se han hecho buenos nombramientos, también "hay malos", y que mientras los magistrados "sigan saliendo de la mano del Ejecutivo" con la consiguiente aprobación del Organo Legislativo, el sistema seguirá generando objeto de escrutinio público.
Cómo fórmula ideal, propuso que los magistrados sean escogidos por medio de concurso, como lo aconseja la prudencia y como es práctica con el resto de los funcionarios del Organo Judicial.
Molino Mola apoyó la ponencia del magistrado presidente de la Corte, en el sentido de que la falta de personal constituye uno de los obstáculos para una justicia más expedita.
Reconoció que en el sistema faltan unos 200 jueces más, situación que se agrava con el aumento de los litigios que diariamente ingresan a los tribunales y a la propia Corte Suprema.
Luego de su intervención participó el ex canciller José Raúl Mulino, quien reconoció que las reformas al sistema requieren que sean integrales, por lo que primero hay que preguntarse qué se va a reformar y cuál es el Panamá que se quiere reformar.
Reconoció que los jueces manejan más expedientes de los que deben procesar, por lo que propuso la creación de una oficina para la administración del Organo Judicial.
Según la propuesta, debe haber un ente que vele por todos los detalles administrativos no relativos al impartir justicia, para que los jueces se dediquen enteramente a sus tares reales.
En el foro, celebrado en uno de los salones de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, hizo uso de la palabra el constitucionalista Humberto Ricord, quien le añadió un toque de jocosidad al encuentro.
Ricord, reconocido por ser un estudioso del sistema, expuso como uno de los obstáculos en la independencia del sistema, la forma como se escogen los magistrados.
Considera inconcebible que alguien tenga en un bolsillo la renuncia a un partido político y en el otro, su nombramiento como magistrado de la Corte Suprema.
En un tono muy pedagógico, pero que a la vez hizo sonreír a los presentes, afirmó que para qué se desea reformar la Constitución Nacional o se invoca una Constituyente si las leyes que existen no se respetan.
Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados, Carlos Vásquez indicó que el gremio apoya los cambios que signifiquen avances en la calidad de la justicia que se merecen los ciudadanos.
En el foro de El Panamá América tanto José Javier Rivera como John Benett, presidentes de la Cámara de Comercio y la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (APEDE), respectivamente, reconocieron el aporte del diario al exponer un tema de interés nacional como es el examen del sistema judicial.
Coincidieron en la necesidad de reformar el sistema porque afecta todos los ámbitos de la vida nacional, pero reconocieron la necesidad de que todos los sectores se involucren, pues es una tarea de todos.
Rivera, por su parte, hizo énfasis en que el Ejecutivo tiene la gran responsabilidad de garantizar los recursos adecuados para que el sistema funcione adecuadamente.
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