Thonya Xiomara Hubbard, presentó ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo recurso de hábeas corpus para no ser detenida.
En el recurso que quedó radicado en el despacho del magistrado Víctor Benavides, se establece que Hubbard sufre graves quebrantos de salud que se agravarían si es llevada a un centro penitenciario.
Tanto el juzgado quinto penal como el décimo cuarto aplicaron penas de 36 y 40 meses de prisión a Hubbard por los delitos de proxenetismo y corrupción de menores.
Contra ambas condenas Hubbard presentó una multiplicidad de recursos, pero ambas fueron confirmadas por la Sala Penal.
Durante las investigaciones Hubbard perdió una fianza de B/.50, 000, pero luego se le dio una medida cautelar.
La firma de Cruz solicitó a la Fiscalía Segunda de Drogas los testimonios de Norsimina Marsiglia, Héctor Pertuz, Martín Pertuz, Alberto Bennett (inspector de la PTJ); el sub comisionado de la Policía Nacional, Juan Herrera.
También se ha pedido el testimonio de Shaik Chandú, miembro del Servicio Marítimo Nacional y del inspector de la Zona Libre de Colón de apellido Agrelly.
Otros son Raúl Bayer, el detenido Julián Williams Boleco, James Prado, un sujeto de nombre Arturo (se pide a la DEA su nombre completo), Sheila Maribel Villanueva, Nidia Gutiérrez y el fiscal encargado de Drogas de Colón, Víctor Martín Quijada, a quien se le enviará un cuestionario para que responda a una declaración jurada.
Ayer no compareció a rendir declaración jurada el ex procurador José Antonio Sosa, confirmó una fuente de la Fiscalía Segunda de Drogas.
Ayer el fiscal Segundo de Drogas, Abel Almengor durante una inspección ocular en Colón solicitó copias de cuatro expedientes mencionados por la DEA y mañana se realizará una diligencia a los tribunales para determinar la situación de dos expedientes más.
El fiscal de Drogas, José Almengor, dijo que si se requiere formular algún tipo de cargos o no, se dará al momento de analizar todos los documentos que existen en los archivos de los casos que ya han sido procesados.
Rogelio Cruz cuestionó el hecho de que la información no fue entregada por la oficina de la DEA a la procuradora Ana Matilde Gómez en el 2005.
Dos expedientes serán buscados en los tribunales.