El comisionado principal de la organización de los trabajadores panameños víctimas de la Ley 25, Rolando Gómez, calificó ayer como un "mamotreto jurídico" la Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que condenó a Panamá por violar los derechos humanos de 270 trabajadores despedidos en 1990, durante el gobierno del presidente Guillermo Endara.
Gómez, quien arribó ayer de San José, Costa Rica, rechazó la Resolución que le fue entregada en ese país, al considerar que la misma contempla una "suma irrisoria y un tanto burlesca" en concepto de daños morales establecidos por la CIDH.
"Nosotros sí vemos discordante en esta Resolución, lo concerniente al resarcimiento pecuniario, pero nos sentimos satisfechos, en el sentido de que hemos logrado a través de nuestras luchas y sacrificios, establecer precedentes históricos significativos para el resto de los obreros de América", señaló Gómez.
Sostuvo que ahora los trabajadores latinoamericanos cuentan con otra instancia para defender sus derechos, especialmente cuando América entera "está siendo sacudida" por la política neoliberal de privatización de empresas estatales y los Estados, están "vulnerando flagrantemente" los derechos fundamentales de los obreros del continente.
A juicio de Gómez, la ordenanza que tiene la Resolución de la CIDH, implica un fallo "difícil de cumplir" por parte del Estado panameño, toda vez que el documento ordena el reintegro de los trabajadores, pero sin que existan en Panamá las condiciones contractuales originales de trabajo y salarial, que tenían los afectados al momento de ser despedidos.
"Además hay que ser realista, dónde nos van a reintegrar, si las empresas estatales todas fueron privatizadas por parte del Estado panameño, entonces la Resolución tiene para nosotros ciertas lagunas que es importante que sea ampliadas por este organismo internacional", puntualizó Gómez.
Opinó que si la CIHD, está ordenando el reintegro de los trabajadores destituidos, entonces "definitivamente que también tenemos el derecho a ser indemnizados en concepto de privatización de las empresas estatales".
