Datos
- Experiencia
- En el portal electrónico del MOP aparece Arosemena “es ingeniero civil con idoneidad para el ejercicio de su profesión en los Estados de Georgia y Florida, Estados Unidos. Actualmente ejerce el cargo de presidente de la compañía American Engineering Group fundada en 2001 en Miami, Florida”.
- Rehabilitación de derechos
- La Constitución le confiere deberes administrativos a la Asamblea Nacional, entre ellos devolver los derechos ciudadanos. El Registro Civil también puede solicitar la suspensión de los derechos.
Designación y transparencia en nuevos cargos
- En cumplimiento con la ley de trasparencia, ayer el gerente general de la Caja de Ahorros, Mario Rojas, se presentó a la Notaría Quinta para presentar su declaración jurada de bienes patrimoniales. Según dijo, es un acto de cumplimiento a la ley, pero también es un mensaje de que los clientes de la Caja de Ahorros pueden estar confiados de que durante su administración se fortalecerá la transparencia y se rescatará la confianza. En tanto que en el director de la Región de Salud de San Miguelito, Juan Biebarach, quien se desempeñó como médico general en el Centro de Salud de Cerro Batea, asumió el cargo como director regional.
La doble nacionalidad del ministro de Obras Públicas, Ramón Arosemena, podría llegar hasta la Corte Suprema de Justicia (CSJ) si no ofrece una explicación legal que testifique que sus derechos ciudadanos le fueron restaurados.
La posibilidad toma fuerza, luego de que Arosemena —en un acto oficial ayer— esquivó hablar del asunto bajo el argumento de que “no es un tema de discusión legal”, a pesar de que la Constitución Política en su artículo 13 establece claramente que la renuncia expresa o tácita de la nacionalidad panameña al adquirir una distinta le suspende automáticamente la ciudadanía panameña. La suspensión se refiere en el artículo 132 a “los derechos políticos y la capacidad para ejercer cargos públicos con mando y jurisdicción”.
Ante una batería de periodistas que lo cuestionó sobre su doble nacionalidad, Arosemena optó por hablar de su experiencia y desestimar la posible violación a la Constitución. Incómodo por la pregunta se limitó a responder: “...como ministro y con mi experiencia, garantizo con honestidad buenas obras. Como panameño, nacido en Chitré, voy a defender los intereses del pueblo. Lo que quiero es devolverle a Panamá algo de lo que la patria me ha dado a mí”.
Sobre el tema, fuentes de la CSJ explicaron que es potestad exclusiva del pleno de ese órgano del Estado deliberar sobre supuestas violaciones a la Constitución. “Son los únicos facultados para definir estos casos, pero antes debe existir una denuncia formal que hasta ahora no existe”.
Mientras esto ocurre, en la Fundación Alianza Pro Ciudad —que dirige Fernando Díaz— existen argumentos de que “el principio de transparencia debe mantenerse por sobre toda otra consideración o criterio” al cual están llamados los funcionarios de Gobierno.
“El presidente de la República y su equipo legal deben explicar en detalle los criterios legales que utilizaron para respaldar dicha designación, así como el señor ministro debe poner a disposición de la opinión pública su estatus de nacionalidad y ciudadanía”, declaró Díaz.
“Ambos actos permitirán que la población esté segura de que nuestra Constitución es respetada, como se ha dejado de hacer por mucho tiempo, y como la nueva administración ha prometido”, concluyó.
