“No hay plata para ejecutar el toque de queda”, a esta conclusión llegó el alcalde capitalino, Bosco Ricardo Vallarino en una reunión celebrada en el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).
Una alta fuente detalló que de acuerdo con Vallarino, el toque de queda ha implicado gastos adicionales a la Alcaldía en materia de transporte, habilitación de corregidurías los fines de semana, pago a personal, combustible, etc.
Igualmente se concluyó que no hay espacios para ubicar a los menores que no son reclamados por sus padres.
El reunión se manejó con hermetismo. Se conoció que el objetivo principal era buscar un sitio “más seguro” para los menores que no son reclamados.
A inicios del operativo, los jóvenes eran llevados a la estación de Policía de la Niñez y Adolescencia en San Cristóbal, donde no existen las condiciones necesarias para atenderlos.
El último fin de semana eran ubicados en el albergue Metro Amigo y en Pro vida. Desde que inició el toque de queda, 385 menores fueron retenidos.
En la reunión participaron además la viceministra del MIDES, Susy de Varela; Policía de Menores; SINAPROC y Juzgados de la Niñez.
