Ainicios de 2009, el Gobierno panameño, a cargo del presidente Martín Torrijos, se sentó con México y Colombia a negociar un acuerdo del que muy pocas personas tienen conocimiento.
Se trató de un arreglo para que Panamá pudiera extraditar o deportar de manera expedita a narcos colombianos y mexicanos. El texto de la negociación inicial partía del hecho de que cada extraditado por esta vía iría directo a su país de origen.
Guatemala también se adhirió a la negociación.
Para ese entonces, Panamá había sido notificada por Estados Unidos de que no podía recibir a supuestos traficantes sin que tuvieran una acusación pendiente en su territorio.
Sin embargo, la embajada estadounidense dio seguimiento de cerca a la negociación de Panamá con los otros tres países para el acuerdo de extradición, de acuerdo con los reportes enviados a Washington.
Panamá aducía que sus cárceles tenían un estado alto de hacinamiento y que sus estructuras no estaban adecuadas para alojar a criminales de alto perfil del extranjero.
El gobierno de Torrijos también aseguró que tener en las cárceles locales a narcotraficantes extranjeros, era un atractivo para que los carteles de esos países se establecieran en territorio panameño, en especial los mexicanos.
“En las siguientes semanas, yo espero ver un pequeño incremento en las deportaciones o extradiciones de los chicos malos para que afronten a la justicia en sus respectivos países”, dijo el canciller panameño de ese momento, Samuel Lewis Navarro, a la embajadora de Estados Unidos, Barbara Stephenson, según el reporte filtrado a Wikileaks.
La embajadora señaló que los esfuerzos que Panamá lideró debían ser entendidos como un intento de negarle a estas organizaciones criminales la posibilidad de establecer una presencia en el país.
Lewis detalló a la embajadora que el objetivo de Panamá era iniciar el acuerdo entre cuatro países y luego expandirlo a otras naciones. “Los nuevos participantes tendrán que firmar los procedimientos y los mecanismos que nosotros hemos desarrollado”, agregó.
Sin embargo, Guatemala era uno de los temas que podrían frenar esta negociación, ya que era considerado el “jugador más débil”.
“Nosotros estamos bien preocupados porque la situación de seguridad en Guatemala está fuera de control. Guatemala carece de la capacidad para lidiar con el incremento en el crimen organizado”, dijo Lewis a Stephenson.
Marcel Salamín, uno de los negociadores, dijo que el acuerdo contemplaba intercambiar información de inteligencia.
