La posibilidad de que el presidente Martín Torrijos traslade la aprobación del decreto ley sobre Servicio de Inteligencia a la Asamblea Nacional parece esfumarse, luego que el ministro de Gobierno, Daniel Delgado diera por hecho que serán aprobados por el Ejecutivo.
A pesar de que ha sido el decreto de seguridad más criticado por organizaciones de la sociedad civil, que aseguran que atenta contra los derechos y garantías fundamentales, Delgado afirmó que se facultó al mandatario a través de poderes extraordinarios a legislar sobre cinco decretos ley.
"Tenemos un mandato del Consejo de Gabinete de realizar las consultas de los cinco proyectos que están planteados. El Ejecutivo es el único que tiene la potestad de decidir los alcances, contenido y finalmente aprobar" los documentos, planteó.
Sostuvo que recibieron buenas observaciones, incluidas las que planteaban consideraciones de "tipo político y personal que no responden a los intereses de los ciudadanos".
Esta semana se filtró la posibilidad de que Torrijos aprobaría únicamente los decretos ley sobre el reordenamiento del SPI, el Servicio Aeronaval, el Servicio de Frontera y la modificación a la ley Orgánica de la Policía Nacional, debido a las voces de rechazo al decreto sobre el tema de inteligencia.
Rechazo.
El presidente del Comité Ecuménico, Pablo Morales, advirtió que el gobierno pudiera colocar una "plaga peor" como solución al problema de la criminalidad en vez de encontrar una verdadera respuesta a este flagelo.
Consideró "preocupante" que el Ejecutivo no lleve los decretos al pleno legislativo por "querer aprobarlos de todas formas en este tiempo para después estar rectificando".
"Ojalá que se hagan las consultas abiertas en las que todos estemos enterados de lo que están haciendo", agregó.
Mientras, el empresario Enrique de Obarrio, del Consejo de Concertación Nacional manifestó que tiene esperanzas en que el documento se analice en reunión extraordinaria dentro del organismo.
"Estamos a tiempo para que de manera sensata el mandatario, no cree un Frankenstein y pase estos decretos a la Asamblea", agregó.
Espera que Torrijos los convoque formalmente, ya que de lo contrario se estaría enviando un mensaje de "falta de compromiso real con el mecanismo de diálogo y consenso que ofrece la concertación".
Mientras que la Alianza Ciudadana Pro Justicia se pronuncia en contra de los proyectos de seguridad que pretende establecer el Ejecutivo, la posición del Gobierno de crear estos estamentos por decreto, se mantiene.
Uno de los principales argumentos de oposición es que el proyecto contraría las normas constitucionales y se divorcia del nuevo sistema procesal penal recientemente aprobado.
En ocho puntos, la Alianza establece que las reformas de seguridad contradicen el Decreto de la Política Criminológica como resultado del Pacto de Estado por la Justicia y la resolución que adopta los fundamentos de la Política Panameña de Seguridad.
