Un grupo de aproximadamente 50 trabajadores, afectados por los perdigones durante los enfrentamientos registrados en Changuinola el pasado mes de julio, cerraron ayer la entrada a las oficinas de la Caja del Seguro Social (CSS), en la provincia de Bocas del Toro.
Esta acción es una medida de presión para que se les paguen incapacidades y pensiones.
Jacinto Quintero, presidente del Comité Ocho de Julio, dijo que parte del acuerdo que firmaron con el Gobierno el 10 de julio para poner fin a los enfrentamientos que protagonizaron en protesta por la Ley 30 o “Ley Chorizo”, era precisamente los pagos de los días no laborados, incapacidades y la asignación de pensiones a los afectados o heridos.
Desde aquella fecha se han realizado una gran cantidad de reuniones con diferentes funcionarios del Gobierno, sin embargo, no han visto cumplidas muchas promesas, sobre todo las económicas.
Agregó que resulta extraño que inmediatamente encontraron 30 expedientes para darles seguimiento y les aseguraron que en dos días iniciarían los pagos.
Hecha esta promesa por los funcionarios, los manifestantes decidieron abrir el paso, y las decenas de personas que esperaban ser atendidas pudieron continuar sus trámites sin más demoras.
Por su parte, Iralda Agrael, vocera del Ministerio de Trabajo, dijo que se acordó continuar las conversaciones hoy en el salón de reuniones del Ministerio de Economía y Finanzas situadas en Suiche 4.
