El gobierno y los trabajadores del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) realizaron ayer su primera reunión de acercamiento sin lograr acuerdos sobre el reintegro de los 55 funcionarios destituidos y la incorporación de un representante de los obreros en la comisión que evalúa el proyecto de Ley 007-99 referente a la autonomía financiera y administrativa de esa entidad.
Luciano Herrera, secretario general de la Asociación de Empleados del IDAAN, informó que el ministro de Salud, José Terán, se comprometió con la dirigencia de los trabajadores en el nombramiento de una comisión que evaluará cada una de las destituciones efectuadas y el pliego de peticiones de los obreros que incluye además la remoción inmediata del gerente regional de la provincia de Chiriquí, Rogelio Baruco.
Agregó que en la reunión se solicitó que se suspendan los despidos hasta tanto la comisión se establezca y analice cada una de las destituciones, "porque hemos podido comprobar que no son empleados de confianza los que se están destituyendo, sino humildes trabajadores de la parte técnica".
"Vamos a ampliar la propuesta porque el gobierno nos ha solicitado una explicación adicional que presentaremos el próximo martes cuando estaremos reuniéndonos nuevamente", dijo.
Añadió que existen muchas posibilidades de reintegro de los trabajadores despedidos, toda vez que se han presentado argumentos suficientes para desvirtuar cualquier tipo de destitución, ya que no se ha violentado el reglamento interno del IDAAN.
"Nosotros vamos a sentarnos a negociar y si las negociaciones no son satisfactorias, entonces tomaremos la decisiones que haya que tomar", manifestó Herrera.
Mientras, el vicepresidente Dominador Kaiser Bazán señaló que aunque la administración de Mireya Moscoso tiene especial interés en presentar el proyecto de Ley 007-99 referente a la autonomía del IDAAN, esto no significa que no se le permitirá a los trabajadores plasmar sus opiniones.
En tanto, el ministro de Salud, José Terán, dijo que se designará a una persona que se encargará de establecer un examen de cada uno de los casos de los trabajadores despedidos, pero advirtió que le corresponderá a la Junta Directiva atender todas las apelaciones que se presenten.
