Diversos gremios populares escenificaron ayer una marcha hacia la Asamblea Legislativa, donde fueron recibidos por una subcomisión, y allí expusieron la necesidad de que se establezca un salario mínimo acorde con el costo de la canasta básica familiar.
Mariano Mena, secretario general de la Confederación General de Trabajadores de Panamá, (CGTP), reafirmó las aspiraciones para el sector obrero y de los funcionarios a contar con el derecho al salario mínimo.
El dirigente sindical expuso que "lamentablemente" el Estado panameño no respeta el derecho que tienen los funcionarios de sindicalización, ni el derecho al trabajo, así como la necesidad de que se le cancelen las seis partidas del Décimo XIII Mes que se les adeuda.
Sustentó igualmente la necesidad de modificar la Ley de Carrera Administrativa para dar estabilidad a los funcionarios y el derecho que tienen los trabajadores al servicio del Estado a contar con un salario mínimo.
No es justo, explicó Mena, que el Estado imponga a los patronos privados la necesidad de que paguen salario mínimo a los obreros del sector privado, pero él como patrón no conceda ese derecho a los funcionarios.
En consecuencia, los servidores estatales también deben ser beneficiados con el ajuste al salario mínimo, al tiempo que pidió que el Ejecutivo se pronuncie cuanto antes sobre este tema.
Por otro lado, Mena expresó que el movimiento obrero también ha planteado la necesidad de establecer una sola zona para fijar el salario mínimo, pues hay algunas regiones que por su lejanía con la capital sufren de precios más altos en algunos artículos de primera necesidad, sin embargo, el salario mínimo es inferior al de la urbe.
Recordó que servicios como la energía eléctrica, la atención médica, costo de la educación y los productos de primera necesidad han aumentado considerablemente, por tanto, los salarios que reciben los trabajadores deben incrementarse en la medida en que sube el costo de la vida.
Las recomendaciones del sector obrero deben estar en manos del ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), Joaquín José Vallarino, sostuvo el dirigente. Aunque el Ejecutivo no tiene un término para pronunciarse, los obreros esperan que la Presidenta de la República emita una decisión antes que finalice el año.
Por otro lado, Gerardo González, secretario general de la Asociación de Trabajadores Administrativos de la Caja de Seguro Social, anunció la posibilidad de convocar a un paro como medida de fuerza para lograr que se cumpla con las conquistas salariales pendientes.
