Las reformas al Código Procesal, la creación de un ordinariato castrense, el polémico Proyecto de Salud Sexual y Reproductiva y el Código del Menor y Adolescente, son solo algunas de las tareas pendientes que tienen los diputados para este año.
El no menos controversial proyecto de reformas al reglamento interno de la Asamblea Nacional también está en la fila de discusión en el Palacio Justo Arosemena.
En la agenda legislativa también aparece pendiente el proyecto de reforma de la ley de responsabilidad fiscal que mantiene el tope fijado al déficit fiscal, cuyo monto no podrá ser mayor al 1% del Producto Interno Bruto nominal, salvo en casos de desastres naturales, emergencia nacional y años de recesión económica.
Para no acumular trabajo, las comisiones permanentes de la Asamblea iniciarán la discusión en primer debate, durante el receso del pleno (enero y febrero), de los proyectos relacionados a la carrera judicial y la creación de una comisión de asuntos municipales.
En tal sentido, el diputado oficialista, Raúl Rodríguez, manifestó que "en el receso del pleno los diputados no se van de vacaciones" como muchos argumentan, pues continúan realizando una intensa actividad a través de las Comisiones de trabajo.
Según Rodríguez, los diputados aprovechan esta fase de la labor legislativa para mantener una comunicación más estrecha con los respectivos circuitos.
Una de las últimas normas aprobadas guarda relación con el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones producto de la ejecución de bienes cautelados por actividades ilícitas. La norma contempla que los empleados de cualquier empresa sujeta a cautelación o cierre podrán recibir sus respectivos pagos de prestaciones laborales.
Uno de los temas de mayor importancia tratados fue la creación de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) en la Policía y los servicios de criminalística que serán adscritos al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en reemplazo de la Policía Técnica Judicial (PTJ).
