@ErikaZayuky
Una denuncia fue presentada ante el Ministerio Público (MP) para que se investigue a la subdirectora de la Dirección General de Contrataciones Públicas, Jindriska Barakat, por presunto tráfico de influencia al extender el contrato a una empresa ligada al contralor de la República, Federico Humbert Arias.
Se trata de la empresa Petróleos Delta S.A., que mediante resolución N.°016-2015 del 13 de marzo de 2015 se adjudica la licitación convenio marco N.°2015-1-27-0-99-LM-001040 para brindar los servicios de proveedor para el suministro de combustibles para las entidades del Estado.
La parte querellante, José Luis Calloway, presentó ayer la denuncia a la procuradora de la nación, Kenia Porcell. El abogado dio a conocer que dentro de la sociedad por la que se configuró la compañía figura como presidente Federico Humbert Jr., familiar del contralor Humbert, y como vicepresidente Felipe Motta Jr., presunto pariente de los donantes de la campaña del presidente Juan Carlos Varela.
Se trataría del segundo contrato que se otorga a una empresa con nexo familiar a Humbert, al haber transcurrido seis meses de su nombramiento.
La acción interpuesta contra Barakat, hermana del director de la Autoridad Marítima Panamá, Jorge Barakat, es por la supuesta comisión del delito de corrupción de servidores públicos y abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos y cualquier otro delito en el que haya incurrido (tráfico de influencia).
Calloway denunció que la funcionaria, en su calidad de directora encargada de la Dirección General de Contrataciones Públicas, prorrogó mediante resolución dicho contrato por más del tiempo establecido por ley.
El artículo 46 de la Ley 22 del 27 de junio de 2006 en su numeral 2 dispone que la licitación para convenio marco tiene un término estipulado. En ningún caso, este periodo puede ser superior a dos años; no obstante, podrá prorrogarse por solo un año.
En el caso de Petróleos Delta y Petrolera Nacional, la otra compañía que resultó beneficiada, el contrato es del 2015 al 2017.
A juicio de Calloway, Barakat ha violentado la ley, toda vez que, además, al firmar las resoluciones también incurrió en otra falta, ya que el refrendo de esta documentación le corresponde al secretario de Contrataciones Públicas .
Basado en la legislación, solicitó a Porcell se ordene allanamiento a la Dirección General de Contrataciones Públicas, con la finalidad de recabar documentación y que se proceda a anular todo lo actuado por la funcionaria.
Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, considera que el MP debe investigar todas las denuncias que se interpongan, sin importar quién sea el funcionario señalado, porque son situaciones que demostrarían la independencia de la institución.
“Si las personas no están actuando frente a lo que la ley establece, el MP debe hacer las investigaciones y decidir si hay niveles de responsabilidad. No se puede permitir que la justicia se aplique a la oposición o al ciudadano común y corriente y que esté por encima de los funcionarios”, concluye el representante de la sociedad civil.
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