La normas de transparencia para impedir actos de corrupción, también deben ser aplicables al sector privado, consideró el legislador perredista, Leandro Avila, tras el inicio de la discusión del proyecto de Ley 59 que establece nuevas disposiciones para que funcionarios de jerarquía presenten sus declaraciones juradas de bienes.
De acuerdo con Avila, el proyecto de ley solamente está encaminado al sector público, como está establecido en el artículo 299 de la Constitución, donde los funcionarios de mayor jerarquía deben presentar al inicio y al término de sus funciones una declaración jurada de su estado patrimonial, la cual deberán hacer en un término de diez días hábiles a partir de la toma de posesión del cargo y diez días hábiles a partir de la separación.
Avila cuestionó cómo se puede comprobar el enriquecimiento en el sector privado, si no hay un documento que explique sus bienes patrimoniales? "¿O acaso no hemos olvidado algo que se llama testaferro?", dijo el legislador durante la discusión de este tema.
Precisó que el tema de enriquecimiento ilícito es muy delicado, por lo que consideró propicio citar al pleno de la Asamblea a las autoridades como el Procurador, el Contralor, y del ministerio de Economía y Finanzas para que amplíen más sobre el tema de transparencia.
Avila manifestó además que los cambios a esta ley contra la corrupción administrativa deben hacerse bien completos, en donde se aborde con mayor profundidad el contenido de estas modificaciones y no se le dé más funciones a la Contraloría General que no están señaladas en la Constitución.
Agregó que en el artículo 276 de la Constitución se definen trece funciones específicas de la Contraloría General, que se regulan a través de la Ley 32 de 1984, su Ley Orgánica, por lo que darle otras funciones significaría modificar un numeral más a la Constitución de la República.
