La Ley de Transparencia, siempre que sea aplicada sin los vicios que le añade su reglamentación, es una herramienta vital para el fortalecimiento de la transparencia y eficacia en la administración pública.
Por lo menos a ese consenso llegaron los panelistas que el pasado martes participaron del foro académico "Transparencia y Efectividad en la Administración Pública", que desarrolló la vicerrectoría de Investigación y Postgrado de la Universidad Santa María La Antigua (USMA).
Alma Montenegro de Fletcher, Procuradora de la Administración; Saúl Maloul, de Transparencia Internacional Panamá; Luis H. Moreno, de la Sociedad Panameña de Etica y Civismo; y Adán Arnulfo Arjona, presidente de la Corte Suprema de Justicia, reconocieron durante el panel el papel que tiene la normativa en el derecho ciudadano para el acceso a la información pública.
En su mayoría, los panelistas criticaron la reglamentación de la norma por las trabas que crea al momento de que es solicitada la información. Saúl Maloul, de Transparencia Internacional, expuso que hasta el mes de enero fueron presentados ante la Corte Suprema de Justicia 65 Habeas Data, exigiendo acceso a la información. No obstante, 55 fueron rechazados y 10 aprobados.
Destacó la actitud del magistrado Arjona, quien ha hecho salvamento de voto, al no compartir la opinión de la mayoría del Pleno de la Corte, en 26 de las 55 veces en que fue rechazado.
En el foro también se dejó claro que la transparencia no sólo puede ser exigida al funcionariado público, sino también a nivel de ámbito privado, donde en muchos casos, y al darse actos fraudulentos queda afectado un amplio sector de la colectividad.
Por ello y según Maloul, ese organismo trabaja en la elaboración de una encuesta que permita determinar, de acuerdo a la percepción ciudadana, los sectores particulares donde hay corrupción.
