El aumento en el alza del pasaje decretado en forma unilateral por la Cámara de Transporte de Panamá y que se haría efectivo a partir de ayer, suscitó entre los usuarios de este servicio toda una expectativa en cuanto a si serían obligados a pagar la nueva tarifa de B/. 0.25.
El día llegó, los capitalinos salieron a sus trabajos y escuelas, y como es habitual para la mayoría de los panameños, tomaron sus respectivos autobuses, no sin la incertidumbre de qué ocurriría a la hora de bajarse del vehículo.
Los informes fueron iguales en cada una de las rutas, en las primeras horas: algunos insistieron en cobrar la nueva tarifa, pero debido a la negativa de los usuarios en pagar ésta, desistieron y prefirieron no seguir con la medida.
Otros, un poco más persistentes, justificaron la acción con el argumento del alza en los precios del petróleo en el ámbito internacional y los altos precios de las piezas que utilizan sus vehículos, esto sin obviar los más de veinte años que el sector transporte no aplica un alza de la tarifa.
Estos planteamientos no convencieron a muchos que disputaron sus diez centésimos, mientras otros menos persistentes, optaron por no regatear con los conductores de buses.
La medida adoptada por el gobierno, de no avalar el alza en el precio del pasaje e imponer sanciones a los transportistas que lo hicieran, fue respaldada por la Policía Nacional y de Tránsito, quienes se apostaron en mayor cantidad de lo habitual, en las diversas calles y avenidas de la ciudad.
Pese a la incertidumbre y a la tensión que reinó en las primeras horas del día de ayer, el flujo del transporte fue normal y los usuarios pudieron acudir a sus destinos como de costumbre.
Y aún cuando los líderes transportistas señalaron las acciones de ayer como positivas, el sabor amargo por la no aplicación de los que ellos consideran un justo derecho, los aboca a plantearse nuevas estrategias para la segunda batalla, porque esta guerra apenas comienza.
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