Las vicisitudes de los usuarios del transporte público aumentan, mientras el mal servicio continúa por una ruta literalmente incierta.
Luego de tres años de gestión, el gobierno del presidente Juan Carlos Varela no ha sabido manejar una situación que parece haberse salido de control.
Por un lado, la piratería cada día incrementa sus unidades y sus rutas, incluso en sitios donde por ley solo puede circular el metrobús.
Pero, además de irrumpir en zonas donde no se les ha dado permiso, se atreven a elevar el costo del pasaje: "Y muchas veces cobran hasta el 150% y 200% de la tarifa oficial", dice Esperanza Mena, de la Fundación para la Protección de Usuarios del Transporte Público.
Por otro lado, existe el dilema de las plataformas de servicio de transporte selectivo (taxi).
El más sonado es Uber, empresa controlada por empresarios extranjeros, aunque extraoficialmente se maneja la tesis de que un allegado al presidente podría tener vínculos con este negocio.
Curiosamente, ni los piratas ni Uber son sometidos o descalificados por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).
Por el contrario, las dos formas de piratería siguen ofreciendo el servicio.
Eso se debe a que ambos son eficientes, según Carlos Murillo, de la Coordinadora de Usuarios del Metrobús y el Metro (Comeme).
"Ellos cubren una necesidad que no ven en el servicio legal", asegura el dirigente.
A raíz de la existencia de Uber y los busitos piratas, los taxistas han visto una reducción de sus ganancias en un 40%, afirmó Rafael Reyes, del gremio de Taxistas Cristianos de Panamá.
