En una carta abierta dirigida al presidente de Costa Rica, Abel Pacheco, las Cámaras de Transporte de Carga de Panamá, Costa Rica y Nicaragua solicitaron dejar sin efecto la resolución que obliga la utilización de un precinto electrónico, que según ellos, viola el Régimen de Tránsito Aduanero Internacional Terrestre.
El documento explica que la medida no sólo afecta la convivencia entre los gobiernos centroamericanos, además origina un sobrecosto al tránsito de mercancía y genera obstáculos al libre comercio entre los países de la región.
El gremio transportista de Costa Rica sostiene que la medida aduanera es inconstitucional, porque las tazas o impuestos sólo pueden establecerse mediante leyes.
Carmen Gisela Vergara, viceministra de Comercio Exterior, explicó que se acordó con el Gobierno de Costa Rica suspender el impuesto aduanero temporalmente hasta el 3 de abril y, durante este tiempo, se iniciarán reuniones técnicas. "Continuamos las conversaciones con los transportistas para que levanten el cierre de la frontera", dijo.
