La división en el sector transportista se agudiza por las condiciones planteadas para aceptar la indemnización de los B/. 25 mil propuesta por el Gobierno.
El 18 de enero vence el plazo de los 45 días otorgados mediante una resolución publicada en Gaceta Oficial el pasado 4 de diciembre para cancelar el cupo a quienes no accedan a la indemnización.
La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), no garantiza la continuidad en el sistema a quienes no acepten la indemnización.
El secretario general del Movimiento de Bases Transportistas, Mariano González, advirtió que interpondrá una demanda contra los presidentes de piqueras que supuestamente firmaron la indemnización propuesta por el Gobierno para "sacarlos del sistema".
"Vamos a proceder legalmente contra los que firmaron la resolución de la Junta Directiva; están violando nuestros derechos porque ese dinero no cubre los gastos que hemos tenido con los buses".
Indicó que el dirigente transportista Dionel Broce debe explicar "por qué firmó este acuerdo" sin consultar con las bases transportistas, "aquí debe haber algo turbio".
Broce acusó a González de llevar una lucha de transportistas al plano político, debido a que pertenece al partido Cambio Democrático, colectivo opositor al Gobierno.
Broce aseguró que firmó la resolución en calidad de miembro de la Junta Directiva del Tránsito no como presidente de la piquera de Pedregal.
Contradicción.
"Ningún presidente firmó nada, el que quiera vender su cupo al Gobierno lo hace sin problema", planteó Broce quien afirmó que los B /.25 mil se entregarán en un solo pago.
Sin embargo, Broce dijo en un medio de la localidad que "se harán las expropiaciones" a los que no quieran vender su cupo en el tiempo estimado por las autoridades.
La presidenta de la piquera de Don Bosco, Rosa Pérez, negó haber firmado la resolución "al igual que otros presidentes" que participaron en la reunión de la Junta Directiva del Tránsito.
"Sólo participamos de observadores", en la reunión se les explicó el cálculo utilizado por las autoridades para fijar la indemnización, afirmó.
"El dinero se debe distribuir de manera controlada, verificando que los que recibirán el fondo tengan años en el servicio", planteó.
