SI EL Gobierno decide entregarle el negocio del transporte público a empresas extranjeras, tendrán que "sacar muertos a los transportistas", advirtió el presidente de la Cámara Nacional del Transporte (CANATRA), Luis Rodríguez.
Según el dirigente, los transportistas no se oponen a la modernización del transporte siempre que se cumpla con las normas y las leyes, pero lo que no están dispuesto a hacer es entregarle en "bandeja de plata" el negocio a consorcios extranjeros.
Aseguró que el jueves, cuando la Comisión Evaluadora emita el resultado de la precalificación de las empresas, presentarán una impugnación contra el proceso de licitación para la modernización del transporte. Las advertencias se basan en que las autoridades quieren favorecer las empresas extranjeras, en este caso a la transnacional colombiana PEB de Pablo Bocarejo S.A., en el proceso de precalificación.
Transportistas de la ciudad capital exigen una indemnización de unos B/.300 millones para dejar el servicio de transporte público, de lo contrario "pelearán en las calles".
Montenegro dijo a Panamá América que muchos casos son facultad de la Contraloría General de la República y del Ministerio Público, por lo que las denuncias se remiten a estas instancias.
Advirtió que los funcionarios que no cumplen sus responsabilidades van a ser sancionados y en estos casos se podría aplicar la Ley 38 y el Código Administrativo y de Etica.
Sobre el tema anticorrupción, el presidente saliente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (APEDE), Enrique De Obarrio siente que en algo hemos avanzado, pero es mucho lo que hace falta para depurar el sistema.
Mientras que para la directora ejecutiva de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, Magaly Castillo, la labor de la Secretaría de Transparencia ha avanzado poco.
Sustentó su postura, al explicar que la Ley de Transparencia que tenemos los panameños le dan muy poco uso. "Estamos a pasos lentos, y los funcionarios tienen poca cultura de rendición de cuentas", sentenció.
Castillo cuestionó el hecho que la Secretaría Anticorrupción esté bajo el paraguas del Ejecutivo, lo que no la deja fiscalizar bien otros órganos del Estado.
La Secretaría de Transparencia está conformada por un equipo técnico de nueve personas.
Cuenta con un grupo de menos de 20 personas que realizan labores de servicios generales, abogacía, administración pública y sociología.
El local donde funciona la Secretaría de Transparencia Anticorrupción está ubicado en el edificio 703 en Balboa, área revertida.
El inmueble fue cedido por la Autoridad del Canal de Panamá por lo que no se paga renta.
Para este año, la entidad sólo tiene una partida de medio millón de balboas, para ejecutar los programas de prevención y de combate a la corrupción.
Alma Montenegro de Fletcher ha dicho en otras ocasiones que han logrado el apoyo de organismos cooperantes para poder continuar el trabajo que realizan.
