Las organizaciones transportistas del país sostendrán una reunión hoy en Penonomé para analizar el proyecto de ley que crea la Autoridad del Transporte, que a juicio de algunos dirigentes del sector, "es perjudicial", por lo cual no descartan que se adopten medidas de fuerza en su contra.
El secretario general de la FENACOTA, Eduardo Alvarez, dijo que la nueva Ley pone en manos de extranjeros los certificados de operación y niega la primera opción de compra a los transportistas panameños.
Añadió que el documento perjudica directamente a los usuarios porque establece en 40 y 50 centésimos el pasaje para las rutas normales y B/.1 y B/.1.50 para los buses especiales.
Alvarez indicó que los transportistas se inclinan por resolver estas diferenecias mediante el diálogo, pero advirtió que tomarán las medidas que sean necesarias para evitar la aprobación de esta ley.
Mientras que el secretario general de la Unidad de Bases Taxistas, Marcos González, afirmó que los gremios del transporte buscarán hoy un consenso en torno a este proyecto, antes de la asamblea general individual que efectuará cada grupo a fines de esta semana para establecer las medidas que se adoptarán contra el documento.
González dijo que dos abogados del sector transportista analizan el proyecto para determinar la posibilidad de entablar demandas en su contra, por los "efectos nocivos" que causará a la actividad a nivel nacional.
Añadió que este documento "es peor" que la Ley 14 que expidió el Gobierno para regular el transporte nacional.
El proyecto establece que la Autoridad del Transporte tendrá entre sus funciones planificar, investigar, dirigir, supervisar, fiscalizar, operar y controlar el transporte terrestre en la república.
La Autoridad conocerá las denuncias que se presenten contra las personas naturales o jurídicas que presten el transporte terrestre público de pasajeros por violaciones a la ley que regulan la actividad.
El organismo determinará las empresas que prestarán el servicio de revisado especial para los vehículos publicos y estará facultada para imponer multas de entre B/.500 y B/.2,500 a los infractores de esta medida en base a la gravedad de la falta.