Unas 60 familias que habitan en ocho casas condenadas en el corregimiento de San Felipe han sido censadas, para determinar su situación socioeconómica para un posible traslado, confirmó la directora de Desarrollo Social del Ministerio de Vivienda (MIVI), Virginia Miranda.
"Hemos iniciado un levantamiento socioeconómico de las familias que viven en casas condenadas en este sector y establecido una prioridad en 16 de estos inmuebles", puntualizó.
Adelantó que el MIVI coordina un proyecto de vivienda popular con la Fundación Cal y Canto, lo que significa que algunas de las familias que habitan en esos caserones, podrían participar de él.
Dijo que en las investigaciones socioeconómicas se ha determinado que muchas de esas familias tienen ingresos informales que les limita acceder a una vivienda.
Miranda indicó que en albergues y pensiones hay personas que tienen más de 10 años de estar allí.
