Los datos
- 43 años llevan instalados estas personas en el área de hangares.
- 22 hectáreas comprende el terreno en disputa entre ACP y moradores.
Solo 4 de las 150 familias que supuestamente ocupan terrenos de manera ilegal en el área de los hangares en Diablo han atendido el llamado de desalojo que les hizo hace un mes la corregiduría de Ancón, según Óscar Vallarino, de la oficina de gestión corporativa de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).
Vallarino aclaró que ninguna entidad estatal les entregó títulos de propiedad a estas familias y que ellos se han apropiado de esa parte de las riberas de la franja canalera.
“Esta es un área que está ocupada ilegalmente y pertenece al Canal de Panamá y a todos los panameños”, dijo. También comentó que la ACP les está “solicitando que desalojen el área de forma muy respetuosa y puedan llevarse los hangares y botes sin ningún problema”. Los demás ciudadanos que no quieran salir de forma ordenada, contó, serán sacados a través de las instancias legales.
Sobre los presuntos títulos de propiedad que poseen estos panameños, la fuente expresó que ninguna entidad estatal les ha entregado documento alguno y lo que se acordó fue un permiso temporal.
“En 1969, estos moradores recibieron de la antigua Panama Canal Comision (Comisión del Canal) un permiso de uso provisional del área para que estos acomodaran sus botes y remolques en ese pedazo de tierra porque obstruían la vía pública, por eso se tomó esa decisión en ese entonces, pero jamás se les ha dado permiso de propiedad de estos terrenos”.
Vallarino apuntó que la licencia establecía una ocupación hasta la entrega de la recuperación de la vía acuática a manos panameñas. El artículo 16 de ese permiso dice textualmente que “esta licencia será revocada automáticamente al concluir la contratación del titular en su puesto como empleado del gobierno de la Zona del Canal o la (ex) compañía del Canal”.
Amparados en la Corte
Silvio Guerra, abogado defensor de estas familias, acusó a Vallarino de desconocer los tratados Torrijos Carter y pecar de “supina ignorancia” (ignorancia inexcusable) y destacó que el funcionario ha obviado una decisión de la justicia panameña. “En fallo del 12 de noviembre del año pasado, la Corte Suprema de Justicia acaba de dar aplicación del artículo noveno de los tratados Torrijos Carter, protegiendo los derechos precisamente de unas personas que se encontraban en áreas del Canal en el momento de la firma del tratado”.
El jurista explicó que en dicho artículo se prescribió que se “respetarían los derechos de los propietarios y de quienes se encontraban en esas áreas en calidad de comerciantes, tenedores o poseedores de esas tierras, y que si el Estado panameño estaba interesado en recuperarlas, les propondría venderles y si no, les pagaría a los que allí se encuentren a precio justo del mercado o indemnización”.
La otra semana, estos residentes denunciarán ante el embajador de EE.UU. en Panamá la violación de los tratado Torrijos Carter.
