La Defensoría del Pueblo interpondrá un desistimiento ante la Corte Suprema de Justicia a favor de tres instituciones públicas, las cuales hicieron entrega de la información solicitada sobre gastos por contrataciones y servicios profesionales.
El Instituto Panameño de Turismo, la Autoridad del Tránsito y la Universidad de Panamá, entregaron la información solicitada, la que será incluida en el Nodo de Transparencia.
La información suministrada surge luego que el Defensor del Pueblo, Juan Antonio Tejada, interpusiera ante la Corte Suprema, 21 hábeas data contra distintos ministerios e instituciones estatales, ante la negativa de brindar la información relativa a los contratos por servicios profesionales utilizados en el período 2002-2003.
Entre los ministerios que no han entregado información de sus planillas se encuentran Relaciones Exteriores, Educación, Obras Públicas, Comercio e Industrias, Trabajo, Vivienda y el de la Juventud.
Además se interpusieron hábeas data contra la Autoridad Marítima y la Autoridad de Aeronáutica Civil.
Deben entregar información el Instituto Nacional para la Formación y el Aprovechamiento de Recursos Humanos, Instituto Panameño de Habilitación Especial, Instituto Nacional de Deportes, Instituto de Investigación Agropecuaria y el Ente Regulador.
Tejada interpuso además un hábeas data contra el Ministerio de la Presidencia, para que éste le remita la información relativa a los gastos de la partida discrecional.
Precisamente el abogado Rafael Rodríguez, defensa de Manjarrez, ha sostenido la versión de "ausencia de intencionalidad en el homicidio" sobre estos argumentos.
Los especialistas, en tanto, concluyen en "la personalidad posesiva, agresiva, de conducción errática y comportamiento excéntrico" del homicida.
Esas características parecían difíciles de detectar a tan temprana edad. A él le gustaba actuar y bailar, "lo hacía muy bien", manifestó Elena a El Panamá América en muy breves términos.
Entre una y otra actividad Marco no dejaba de lado sus primeros pasos en la iglesia. Perteneció a grupos juveniles y parroquiales en Colón y Panamá.
Lo que ahora, se sabe es que la efusividad de ese chico activo se complementaba con lo que en la lectura de las piezas procesales durante una de las audiencias se llamó "defecto". Manjarrez no soportaba que lo que planeaba no se diera.
Su madre reconoció los drásticos cambios de humor; su abogado, Rodríguez, ha preferido divulgar el pasado de un ex seminarista sin antecedentes violentos, "un joven de buenas calificaciones".
Cuando Marco optó por formalizar su seguimiento a Dios dentro del Seminario Mayor San José no soportó que uno de sus planes no se concretara.
A sólo dos años de enlistarse en el seminario, en 1996, fue expulsado. El rector, Monseñor Altafulla, lo despidió por "conductas impropias" y él no resistió.
Le sobrevino una crisis que le produjo desde mal humor hasta aislamiento. Peor aún, después de su salida del centro Marco intentó suicidarse dos veces.
Manjarrez no perdía las esperanzas de ser cura, aunque ahora el escenario se trasladó a un salón de clases en la Universidad de Panamá, en la Facultad de Derecho. Allá escribió una monografía a la que tituló "El fenómeno social de la discriminación racial en Panamá".
Sucede que a su inestabilidad emocional se sumaba el complejo que provocaba en él, ser de origen negro.
Cada día de audiencia lleva a la palestra pública discusiones de todo tenor, de parte y parte.
En el centro penitenciario La Joya, por ejemplo, donde Manjarrez ha estado detenido desde el 2002, uno de sus compañeros declaró que el acusado mantenía relaciones sexuales con otro interno.
El tema ha seguido latente, al punto que el detenido que testificó en su contra dijo también que el victimario de Altafulla repetía una y otra vez que estaba ansioso de que lo declararan "loco" para así salir libre.
La parte acusadora ha traído a colación la nota en la que el acusado, con el propósito de desviar la atención, escribe: "sucios no toques a mis pela"os". Siendo así, hubo "premeditación", estima.
El trabajo de un psiquiatra forense es probar la imputabilidad de un sindicado basado en una evaluación.
Es esa la función de Alejandro Pérez, quien en el caso de Manjarrez decidió declararse impedido por razones éticas. Marco Antonio fue su alumno en la Facultad de Derecho.
El proceso citado por Pérez está sustentado en el artículo 24 del Código Penal que establece que no es responsable penalmente de un hecho quien en el momento de éste no tuviere la capacidad de comprender la gravedad del acto producto de un trastorno mental.
En 11 años de experiencia a Pérez le tocado oír y ver de todo, por lo que advierte que en aquello de "locura temporal" hay que hilar fino.
Deben estudiarse, en ese caso, consideraciones como las características del delito y si hubo ganancia secundaria, es decir, beneficio material o emocional.
Pérez es cuidadoso, no obstante, dijo claramente que quien escoge la víctima, el momento y la forma de operar "es un individuo que no tiene problemas mentales".
En la carrera médica de Nilda Santamaría, psiquiatra general y subespecialista psiquiatría infantil no ha habido un semana en la que no atienda un caso de abuso sexual a un menor. "Es realmente impresionante", dijo con tono de evidente preocupación a El Panamá América.
Los abusadores actúan premeditadamente, tan es así que la galena describe a sujetos que optan por "tocamientos o coitos no orales ni genitales para no dejar evidencias".
Lo cierto es que las alertas pueden ser dadas "cuando un niño es un buen estudiante y de momento su rendimiento empieza a bajar, igualmente si el niño rechaza lo que antes le producía alegría como salir con determinada persona o tal vez si se resiste a ser acostado para examinarlo o tiene las piernas muy tensas como tratando de proteger sus partes íntimas", es entonces cuando deben tomarse cartas en el asunto e investigar.
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