Producto del Diálogo Nacional por la Educación, en la Asamblea Legislativa se debe discutir al menos tres proyectos de ley relacionados con la Ley 13, la carrera docente y el que tiene que ver con el sistema de evaluación, reveló el subdirector general de Educación, Anatolio Guizado.
Explicó que la Ley 13 por medio de la cual se otorgan fondos a los colegios secundarios será reformada para que estos dineros también sean destinados a las escuelas primarias, producto del seguro educativo que pagan todos los trabajadores del sector público y privado.
Agregó que en la actualidad al Ministerio de Educación le corresponde un 27% de los fondos originados con el seguro educativo, mientras que en la propuesta educativa se adiciona el 20% de los intereses generados por el Fondo Fiduciario para el Desarrollo (FFD), además de los excedentes presupuestados en materia de seguro educativo.
Esta propuesta se sustenta en que se adicionarán como beneficiarios de la Ley 13 a las escuelas primarias y los llamados ciclos básicos que actualmente no están incluidos entre los planteles beneficiados.
Agregó que otro proyecto que hay que presentar ante la Asamblea es el que se refiere a la carrera docente, que está en la Ley Orgánica de Educación.
Otro es el que evalúa el proceso educativo, entendiéndose que no sólo se trata de evaluar a los estudiantes, sino también a los educadores, a la escuela o colegio, supervisores y hasta a los mismos funcionarios del Ministerio de Educación.
La protesta es porque el Gobierno de la presidenta panameña, Mireya Moscoso, supuestamente pretende pagar menos de lo que señala una resolución de la Corte, dictada el 2 de febrero del año pasado, según los quejosos.
El grupo de trabajadores que realizan la protesta pacífica pertenece a los 270 funcionarios públicos despedidos por Endara, acusados de conspirar contra la seguridad del Estado.
La CIDH falló a favor de los trabajadores, para los que demandó una indemnización y pago de daños morales por parte del Estado panameño, pero hasta ahora el gobierno de este país no ha reconocido en su totalidad lo que señaló este organismo, de acuerdo con un vocero de los afectados.
Destacó que la indemnización que debe pagar el Estado panameño pretende no incluir vacaciones ni aguinaldos de más de diez años de salarios caídos y, por el contrario, está deduciendo altos impuestos, lo cual viola el fallo de la Corte Interamericana.
La Corte condenó al Estado panameño a pagar los salarios perdidos e indemnizar a los trabajadores si no califican para volver a instalarlos en su puesto.
