El Segundo Tribunal de Justicia admitió una apelación presentada por el presidente de la Comisión de la Verdad para la reapertura de las sumarias por el asesinato del dirigente político Rubén Miró, muerto a balazos el 31 de diciembre de 1969.
Alberto Almanza, como presidente de la Comisión de la Verdad, presentó una apelación a la decisión inicial adoptada por el tribunal, en donde negaba la reapertura de la investigación sobre las circunstancias de la muerte de Miró.
La petición formulada por los miembros de la Comisión de la Verdad se sustenta en el hecho que se ha recopilado una serie de evidencias que señalan a ex miembros de la Guardia Nacional como los presuntos responsables de su muerte.
El fallecimiento violento de Miró se produjo un año después del golpe militar de 1968, al que formuló duras críticas. De acuerdo con informes de inteligencia, el occiso era seguido por miembros del antiguo G-2 y el Departamento Nacional de Investigaciones (DENI). La Fiscalía Primera Superior a petición de la organización solicitó la reapertura del proceso, luego que se establecieran nuevas evidencias sobre los hechos que produjeron el deceso de Miró.
Según las investigaciones, el DENI en aquel entonces se encontraba a cargo de Marcos Justine Fernández y la Sección de Homicidios estaba bajo la jefatura de Domitilo Córdoba y los agentes que se encargaron de vigilarlo fueron: Edgardo Novo Abrego, Leslie Loaiza, Angelo Jaspe, Osmando Aguilera, Olmedo A. Avilés, Lorenzo Olaciregui, Candelario Cano, Julio Flores y el guardia Aquiles Aguilera.
Trascendió que Olaciregui, Cano y Flores fueron los últimos en vigilarlo hasta que recibieron la orden por radio de retirarse del área, y a partir de allí los hechos que rodearon su muerte son confusos. Algunas versiones señalan como presuntos responsables a "Orejita" Ruiz, Canto, Villamil y Cora. Sin embargo, otra teoría señala a miembros leales al desaparecido general Torrijos.
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