Los panameños que trabajaron en la zona del Canal de Panamá podrán demandar al gobierno de Estados Unidos por 1,200 millones de dólares en prestaciones que, según sostienen, les fueron negadas ilegalmente, dictaminó un tribunal de apelaciones.
El Undécimo Tribunal del Circuito federal de Apelaciones desestimó esta semana el fallo del juez Federal Donald Graham, quien sobreseyó el caso el año pasado, señalando que no tenía jurisdicción para arbitrar la disputa.
Abogados del Departamento de Justicia señalaron que la disputa por indemnizaciones de cesantía, seguridad social y otras prestaciones había sido resuelta según procedimientos del servicio civil estadounidense.
222Estados Unidos empleó a 30,000 panameños cuando administró el Canal.
El caso será remitido nuevamente al juez Graham, pero pasarán por lo menos seis meses antes de la audiencia, dijeron ayer los abogados. Aproximadamente 30,000 panameños que trabajaron con los administradores del Canal, el ejército y otras agencias estadounidenses desde la década de 1970, han solicitado participar en la demanda colectiva presentada en el 2001 por la Asociación de Empleados de la Zona del Canal (ASEDAC).
"Estamos encantados con la decisión del tribunal"", dijo Joel Perwin, abogado del sindicato en Miami. "Significa que por lo menos estamos de nuevo en el tribunal para defender nuestra demanda. Tenemos por delante un proceso prolongado"", añadió. El gobierno de Estados Unidos formalmente entregó el control del Canal a Panamá a fines de 1999.
El sindicato señala que los ciudadanos estadounidenses recibían un trato diferente al de los ciudadanos panameños antes y durante la entrega, y que los intentos de llegar a un acuerdo sobre la disputa fueron infructuosos.
Los empleados dijeron que se les debían unos 1,000 millones de dólares en pagos por cesantía de acuerdo con una ley estadounidense que ordena el pago cuando los empleadores cierran operaciones.
Algunos trabajadores dijeron que aceptaron paquetes de cesantía pero que nunca recibieron el pago. Calcularon que las pérdidas en seguridad social ascienden a 300 millones de dólares.
