El Segundo Tribunal de Justicia declaró legal el arresto de los cubanoamericanos Luis Posada Carriles, Pedro Remón, Gaspar Jiménez Escobedo y Guillermo Novo Sampoll, a quienes se vincula con un denominado "Grupo Militar de Acción y Justicia" que pretendía ejecutar un atentado contra el gobernante Fidel Castro durante la celebración de la Décima Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, realizada en noviembre del 2000.
El tribunal argumentó que del sumario se extraen una serie de indicios de responsabilidad en la tenencia de explosivos que transportaban en un vehículo y que según un testimonio tenían un interés marcado en acabar con la vida del presidente cubano.
De acuerdo con los magistrados, las constancias adquiridas es procedente de la orden de detención expedida contra los imputados y además señala que la pena por el delito de posesión de explosivos es de más de dos años de prisión.
También se informó que dentro del expediente consta una denuncia presentada por el presidente Castro, en donde indicaba la existencia de un plan para atentar contra su vida y en base a tales informes, el Departamento de Investigaciones de la Policía Técnica Judicial (PTJ) inició una serie de diligencias en donde se logró la captura de Gaspar Jiménez, Guillermo Novo, Luis Posada Carriles y Guillermo Novo.
Además, señala que en un terreno baldío en el área de Tocumen se logró la ubicación de un maletín con explosivos y materiales para la elaboración de una bomba, además de cinco radios marinos que serían aparentemente usados para acabar con la vida del Presidente cubano.
Varios de los implicados en este caso han solicitado al Segundo Tribunal de Justicia se le conceda una medida intrahospitalaria debido a quebrantos de salud que se les han agudizado tras su permanencia en la cárcel.
También el gobierno cubano solicitó la extradición de los cuatro detenidos para someterlos a la justicia de ese país, pero esta petición fue negada.
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