El Segundo Tribunal de Justicia declaró la nulidad del auto del 5 de abril de 2002 emitido por el Juzgado Primero de Colón, por el cual se ordenó la separación del cargo de la alcaldesa del distrito de Colón, Matilde Rosales de Ardines y cuatro concejales, a quienes se investiga por la supuesta emisión fraudulenta de bonos por un monto de B/.300 millones.
Bajo la ponencia de la magistrada Elvia Batista, el tribunal dispuso que el juzgado incurrió en un error al conceder la apelación incoada, cuando debió hacerlo en efecto diferido, por tanto, debió suspender la aplicación de las medidas cautelares personales y las órdenes de separación del cargo público, para continuar con el curso e instrucción del sumario.
Establece que una vez retrotraído el deficiente trámite realizado, se deberá surtir la impugnación del auto del 5 de abril de 2002, bajo el efecto diferido que impone la ley, y en ejercicio de sus funciones se devuelve lo actuado a fin que se imprima el trámite correcto.
En ese sentido, el abogado Víctor Almengor, representante legal de la alcaldesa Rosales de Ardines, indicó que con el fallo su cliente y el resto de los concejales regresaron a sus puestos hasta la conclusión del proceso judicial.
Según Almengor, la decisión del Segundo Tribunal de Justicia corrige el fallo emitido por el Juzgado Primero de Colón que claramente incurrió en una serie de errores al ordenar la separación del cargo de los funcionarios.
La alcaldesa Rosales de Ardines, los concejales y el tesorero del Municipio de Colón se encuentran bajo investigación por un supuesto intento de fraude mediante la impresión de bonos por un monto de B/.300 millones, que pretendían colocarlos en el mercado norteamericano.
Los concejales reintegrados a sus cargos fueron Felipe Daniels, Clinton Rodríguez, Felipe Barrios y Manuel Walter Chiari. En este proceso también están bajo investigación varios empresarios, el abogado Luis Banque y otros.