Las aspiraciones de los magistrados que dirigen el Tribunal Electoral (TE) van más allá de un simple cambio de nombre, pues el objetivo comprende una mayor autonomía financiera y funcional.
El artículo 2 de la propuesta de reformas constitucionales, en materia electoral, plantea modificaciones al artículo 142 de la Constitución Política, entre ellas, el cambio de nombre de la entidad, que aprobadas las reformas se denominaría Tribunal Superior Electoral.
Los magistrados del TE han expresado que las modificaciones garantizarán el carácter independiente del organismo electoral.
Los cambios también le reconocerán a la institución personería jurídica, patrimonio propio y el derecho de administrarlo, sin intervención de ningún otro Órgano del Estado, sujeto al control posterior de la Contraloría General de la República.
En lo funcional se le permitirá interpretar y aplicar privativamente las leyes de su competencia, dirigir, vigilar y fiscalizar la inscripción de hechos vitales, defunciones, naturalización y demás hechos y actos jurídicos relacionados con el estado civil de las personas. La expedición de la cédula de identidad personal y las fases del proceso electoral, entre otras funciones, también corresponderán al organismo.
En el ámbito financiero se reconocerá el derecho a manejar sus propios recursos y garantizar anualmente un monto mínimo que le permita afrontar los gastos ordinarios de funcionamiento y realizar las inversiones requeridas.
En la exposición de motivos se estableció que “la medida solicitada ayudaría en enormes proporciones al fortalecimiento de la autonomía institucional del organismo electoral, ya que administraría sus recursos libremente sin obstáculos administrativos que, en determinados casos, retrasen el buen funcionamiento institucional.
En su momento, el magistrado presidente del TE, Gerardo Solís, indicó que “hay ciertas facultades del TE que se comparten con el Ejecutivo; estamos proponiendo que sean facultades privativas de la institución”.
Solís también expresó que “nadie quiere un TE dependiente de las decisiones económicas que pueda tomar el Ejecutivo y Legislativo en pleno proceso de elecciones”.
