Más de mil vehículos oficiales, tres aviones y seis helicópteros, para la movilización y traslado de sus miembros a diferentes zonas del país, recibirá el Tribunal Electoral (TE), a partir de la próxima semana, para el referéndum que se realizará el próximo 22 de octubre.
Según el cronograma establecido por las autoridades, hasta la proclamación de los resultados oficiales, la Policía Nacional (PN), el Servicio Marítimo Nacional (SMN) y el Servicio Aéreo Nacional (SAN), así como el Servicio de Protección Institucional (SPI) quedarán subordinados al TE.
Cabe destacar que el TE ya capacitó a los agentes del orden público en coordinación de logística para la consulta nacional, informó el magistrado Erasmo Pinilla.
Explicó que más de 2 millones 132 mil personas están habilitadas para ejercer el sufragio.
Como parte del proceso, la Junta Nacional de Escrutinio iniciará sus funciones desde tempranas horas del domingo en sesión "permanente e ininterrumpida", hasta que se anuncien los resultados.
De acuerdo con el TE, la participación en la consulta nacional podría alcanzar el 70%.
Para este tipo de delitos, donde actúa el crimen organizado, no se debe medir el tiempo de investigación, tampoco revelar lo contenido en el expediente.
Requieren que se flexibilicen los términos de tiempo, contar con herramientas novedosas de investigación en las operaciones encubiertas, y los códigos deben estar a tono con este tipo de investigación.
Aunque el anteproyecto aumenta el término de investigación a dos años, se tienen que afinar los temas de testigos protegidos para efecto de hacer las pesquisas como deben ser.
Esquivel considera que mientras no se haga ninguna diligencia que afecte los derechos de una persona determinada, el tiempo tiene que correr normal con el tema de prescripción de la acción penal, pero no limitarla de uno a tres años.
Una vez realizada la investigación preliminar, se debe resguardar la reserva del expediente y no someterla a ningún plazo.
Esquivel plantea que dependiendo de los casos se busque la fórmula de agilizar la administración de la justicia.
Por ejemplo, el aplicar la desestimación cuando no hay pruebas; llegar a acuerdos, lograr la confesión, y la condena, lo que podría evitar el ahorro al Estado de los enormes gastos que provocan los procesos.
Considera que el 80% de los casos debe ir por este tipo de vías, y lograr la justicia reparatoria.
Para el jurista si estos métodos no son aplicados se corre el riesgo de que el sistema colapse.
El Órgano Ejecutivo, mediante Decreto Ejecutivo No. 541 de 17 de noviembre de 2005, designó una Comisión Codificadora.
Esta Comisión estaría encargada de preparar los anteproyectos de Código Penal y Código de Procedimiento Penal o Punitivo, tomando como base la revisión hecha por la Comisión Técnica, nombrada paralelamente a la codificadora, en el mismo texto legal.
Once juristas integran la Comisión Codificadora.
