El Segundo Tribunal de Justicia rechazó una queja presentada contra la jueza octava Ileana Montenegro, quien había declarado prescrita la acción contra seis presuntos colaboradores de los desaparecidos narcotraficantes Pablo Escobar Gaviria y Gonzálo Rodríguez Gacha, pero había ordenado entregar a la Comisión Nacional para la Prevención y Erradicación de la Droga (CONAPRED), unos B/.5 millones depositados en cuentas bancarias locales.
El tribunal no acogió la queja contra la juez Montenegro por el supuesto manejo irregular del proceso y determinó que no le asistía la razón al demandante y dispuso el archivo definitivo del expediente seguido a la funcionaria.
El pasado año la juez había decretado la prescripción de la acción penal seguida a Luis A. Pérez, Analida Correa, Marta Elevira Ospina, Edmundo Vives, Roy Alberto Antadillas y Mauricio Vives, por delitos relacionados con drogas, pero mantuvo la cautelación de unos B/.5 millones presuntamente provenientes del trasiego de drogas.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia realizó el pasado mes la audiencia de casación para determinar si se mantiene la cautelación de estos dineros presuntamente pertenecientes a los carteles de la droga colombianos liderados por los extintos Pablo Escobar Gaviria y Gonzalo Rodríguez Gacha (alias el mexicano).
El proceso se inició en el año de 1996, cuando las autoridades antidrogas ordenaron la cautelación de varias cuentas bancarias, dentro de las operaciones conocidas como C-Chase y Rodríguez Gacha en donde fueron ubicados B/.5 millones.
Las autoridades giraron órdenes de cautelación contra cuentas a nombre de las sociedades Sheridan, Ladix, Fiducorp, Trianon Magnament y Nuevo Plunton, en donde según informes de la Agencia Norteamericana Antidrogas (DEA), se habían girado transacciones electrónicas con dinero perteneciente al narcotráfico.
El Ministerio Público presentó un alegato de oposición a la pretensión de los abogados de la defensa, que los fondos sean liberados y que éstos sean depositados en cuentas de la CONAPRED.
En tanto, una fuente judicial confirmó que durante la instrucción sumarial de ambas investigaciones, el Ministerio Público confundió las sumarias e introdujo información de un expediente en otro y ello generó duras críticas de los abogados defensores.
Contenido patrocinado
Últimas noticias
