Dijo que el juez primero Marítimo, Calixto Malcom, le informó que ayer en la tarde se practicó el secuestro de una embarcación, dando continuidad a las labores judiciales.
Ante la incertidumbre por los daños causados por el incendio que consumió el edificio del Tribunal Marítimo, los abogados podrán coadyuvar con la reposición de los expedientes que están bajo esta jurisdicción como lo dispone el Código Judicial.
La presidenta del Colegio Nacional de Abogados, Mercedes Araúz de Grimaldo, quien participó en la reunión, hizo un llamado a los juristas para que participen en esta tarea.
No obstante, en un comunicado, la Corte ordenó el cierre temporal al público y la suspensión de términos de los juzgados de circuito penal, circuito civil, municipal ramo civil y penal.
Para los tribunales marítimos primero y segundo se adoptaron otras medidas, como son el traslado de las oficinas al edificio Coremusa, ubicado en Calidonia.
El Pleno de la Corte decidió que las solicitudes de medidas cautelares y las de levantamiento de las mismas; las demandas de apremio y sus respectivas audiencias; así como la presentación de las demandas para la interrupción del término de la prescripción sean atendidas en estos nuevos despachos que se han habilitado.
Sin embargo, en los demás casos que son competencia de los tribunales marítimos, se mantiene la suspensión de los términos.
El cierre temporal y la suspensión de los trámites han sido aplicados para los juzgados cuarto y séptimo de circuito penal; el juzgado quinto del circuito civil, quinto municipal, ramo civil, así como a los juzgados primero y segundo municipal ramo penal.
Para la presidenta del Colegio de Abogados el problema surgido a raíz del incendio, es preocupante para los abogados especialistas.
Araúz de Grimaldo consideró saludable la decisión del Organo Judicial al adoptar la suspensión de los términos hasta tanto se puedan regularizar los lugares donde se atenderán los casos.
"Se debe hacer un inventario para conocer los daños que sufrieron los expedientes, si es total se procederá a la resposición, pero esto conlleva retrasos a los trámites normales de un caso marítimo y en esta jurisdicción es fundamental la celeridad", estimó.
Subrayó que cada día que un barco esté parado, son miles y miles de dólares que se están perdiendo.
El Código Judicial prevé en el artículo 2523 la Reposición de Expedientes.
Las partes deben reponer los expedientes, los cuales son cotejados por los jueces suplentes mediante su sana crítica los repone, las cuales a través de edictos durante tres meses hacen el llamado.
Este hecho remite al Organo Judicial a efectuar el mismo trámite ocurrido durante la invasión a Panamá en 1989 cuando los expedientes de las Salas se quemaron y fueron repuestos por las partes.
Al respecto, el abogado Guillermo Márquez Amado especialista en el área marítima dijo hay que determinar que fue lo que se quemó.
Sostuvo que es un inconveniente la posibilidad de que se hayan quemado archivos históricos de cualquier clase, por los precedentes que conllevan.
Ayer permanecían en las afueras del Tribunal, los funcionarios de las distintas dependencias del Organo Judicial que funcionaban en el viejo inmueble que asumió la función jurisdiccional marítima luego de la firma de los Tratados Torrijos-Carter en 1977 al permanecer en manos de los Estados Unidos, las cuales fueron traspasadas a Panamá en 1982.
El Cuerpo de Bomberos de Panamá (CBP), a través del jefe de Relaciones Públicas Marcos Wever comunicó que aun es prematuro determinar con la cantidad de escombros existentes las causas del siniestro, por lo que no se pueden hacer especulaciones.
Especificó que en el inmueble la mayoría de los despachos sufrieron los rigores del siniestro, por lo que la Oficina de Seguridad del CBP trabaja intensamente para determinar las posibles causas del incendio.
El incendio que inició el sábado pasada las 1: 00 de la madrugada consumió las plantas altas del Tribunal Marítimo.
En las intalaciones del Tribunal Marítimo se llevaron a cabo diversas audiencias que acapararon la atención de la opinión pública, entre estos el juicio al anticastrista cubano Luis Posada Carriles; la audiencia a los responsables del Robo del Centenario efectuado al Museo Reina Torres de Araúz; a la Secta de los Hijos de Dios; el caso de los Controladores Aéreos; de los bienes del ex general Manuel Antonio Noriega, entre otros.
El Tribunal fue creado mediante la Ley 8 de 30 de marzo de 1982.
Juega un papel muy importante en el panorama marítimo mundial en torno al trámite para el secuestro de naves con litigios comerciales que cruzan el Canal.
Más del 95% de los casos que atiende son de litigios ocurridos fuera de Panamá.