El Juzgado Segundo Penal tiene en sus manos la responsabilidad de ordenar la repatriación o no de B/.2.1 millones sustraídos de El Salvador por un grupo de funcionarios.
La petición al juzgado fue formulada por el jefe de fiscales anticorrupción de El Salvador, Andrés Amaya.
El juzgado evalúa una serie de pruebas y documentos para establecer que si el dinero depositado aquí en cuentas de ocho sociedades anónimas pertenecían efectivamente a la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) de El Salvador.
Las pesquisas realizadas hasta ahora por la Fiscalía Segunda Anticorrupción, a quien las autoridades salvadoreñas solicitaron una asistencia judicial, han ubicado varias cuentas a nombre de sociedades anónimas creadas por Carlos Augusto Perla Parada, quien ya paga 15 años de cárcel.
Las pesquisas indican que Parada junto a otro grupo de funcionarios asignaba proyectos a empresas privadas y obtenía ganancias ilegales, que luego enviaban a Panamá.
A la fecha se estableció que existieron movimientos bancarios en estas sociedades anónimas por la suma de B/.7 millones, pero aquí las autoridades sólo inmovilizaron un total de B/.2.1 millones.
También se logrado obtener información referente a la salida de El Salvador de algunos funcionarios que manejaron fuertes sumas de dinero a través de las operaciones de asignación de proyectos de ANDA.
Se detectó que parte de los fondos pudieron ser movidos hacia países europeos, como Suiza.
