Los libros que contienen las transacciones comerciales efectuadas por el Grupo ADELAG fueron puestos a órdenes del Juez Decimoséptimo Civil, Jorge Escobar, y del curador de las empresas, Narciso Arellano, según se desprende de una nota remitida al tribunal.
El documento establece que los expedientes fueron trasladados en dos camiones en donde se encontraban todas las cuentas, transacciones y depósitos realizados por las empresas que conforman el Grupo ADELAG y que inicialmente se había afirmado que no existían.
En la nota remitida al Juez Decimoséptimo, Jorge Escobar, se establece que los papeles fueron entregados al curador de las empresas, Narciso Arellano, pero que éste se negó a recibirlos porque ya no los necesitaba.
De acuerdo con el abogado Carlos Carrillo, representante legal del Grupo ADELAG, dentro de la documentación se encuentran reflejadas todas las transacciones realizadas por las empresas que conforman esa agrupación comercial y que pueden aclarar las acusaciones realizadas a sus clientes.
Carrillo explicó que dentro del expediente y ante diversos medios de comunicación, se ha querido vender la idea que los miembros del Grupo ADELAG se han resistido sistemáticamente a presentar las evidencias sobre sus actividades comerciales.
La existencia de la documentación fue refrendada por el Notario Público Octavo de Circuito, Boris Sucre Benjamín, quien verificó la existencia de los documentos, que luego fueron llevados al Juzgado Decimoséptimo, en donde tampoco fueron recibidos.
La Fiscalía Decimocuarta ordenó la detención de los directivos del Grupo ADELAG, Aquilino De La Guardia, Epiménides Díaz y Carlos De La Guardia, por el presunto delito contra la economía nacional debido a la quiebra fraudulenta de estas empresas.
La orden de arresto contra los tres directivos de ADELAG se realizó con fines de extradición, debido a que existen informes sobre su permanencia en el extranjero, por lo que se ha solicitado a Interpol Panamá, difundir una alerta roja para detención.
El proceso contra los directivos de ADELAG se originó luego que la Comisión Nacional de Valores (CNV) puso en conocimiento del Ministerio Público una serie de irregularidades en el manejo de los fondos y valores de sus empresas.
En las investigaciones adelantadas por la CNV se detectó una serie de irregularidades en el manejo de unos B/.37 millones que obligaron al Ministerio Público a ordenar la ejecución de un áudito para determinar el paradero de esta suma de dinero.
Durante una investigación hecha desde el 27 de diciembre del 2,001 a las empresas Financiera El Roble y Enafin Internacional, filiales de ADELAG, se determinó que violaron las normas de valores y se ordenaron acciones penales.