Un imperativo categórico

En la literatura ética, se asocia el pensamiento de Emanuel Kant con el deber como un imperativo categórico, es decir, como una obligación incondicional que compele a la razón humana en virtud de su propia racionalidad y de su exigencia de universalidad. De acuerdo con Kant somos morales si cumplimos con nuestro deber por respeto al deber. El imperativo categórico es así la suprema expresión de la condición humana.
La política se mueve normalmente en el mundo de los acondicionamientos, de los imperativos hipotéticos: si quieres este resultado, deberás hacer esto o esto otro. Pero de vez en cuando también en política nos encontramos con un imperativo categórico. La Presidenta Mireya Moscoso está ante uno en relación con la presencia en Panamá de Vladimiro Montesinos.
El argumento básico que se ha utilizado es que al aceptar su presencia en Panamá la Presidenta está ayudando a la democratización del Perú. El argumento se torna increíble desde que se sabe que las fuerzas democratizadoras del Perú reclaman el juicio de Montesinos en Perú y no su asilo fuera del Perú. Además, el argumento desconoce la lección que con mucho dolor, pero con toda dignidad ha aprendido Chile y nos la ha transmitido al resto del mundo en el caso de Pinochet: la democratización real exige que los máximos responsables de una dictadura sean sometidos a la justicia y que cuando llegue el momento de la reconciliación ésta se dé por decisión nacional y no por simple intromisión de actores extranjeros.
En realidad con la salida de Montesinos lo que se vislumbra es una descarada operación de encubrimiento del propio Fujimori, de los actuales Jefes del Ejército y, sin duda, de la CIA, que dependieron de Montesinos, han sido sus cómplices y siguen siendo un peligro para una democratización de verdad y no de fachada.
Hay quienes buscan excusar a Montesinos en razón de que hizo posible la necesaria derrota de Sendero Luminoso. Pero no miden que él impuso el costo de un conjunto de abominables delitos y crímenes. A él se le ha vinculado tanto con la promoción como con la represión del narcotráfico. Se le ha atribuido no sólo la represión de las guerrillas peruanas, sino últimamente un tráfico de armas a favor de las guerrillas colombianas. Se le acusó de traición al Ejército, al que pertenecía, por la presunta venta de sus planes militares. Luego ha sido responsable de acabar con el profesionalismo de los Jefes castrenses, a quienes él nombró para poder controlarlos y manipularlos. Ha sido, además, quien a la sombra de Fujimori estableció un régimen militarizado en Perú por medio de un aparato de seguridad dedicado a espiar, chantajear, torturar, asesinar e incluso masacrar. Al mismo tiempo generó una corrupción desvergonzada, la cual ha terminado por desligitimar el "rgano Legislativo, el Judicial y el Electoral del Perú. Propició el que Fujimori violando su propia Constitución intentara su segunda reelección, realizara para ello unas elecciones fraudulentas y se viera finalmente obligado a convocar a nuevas elecciones en razón del escándalo de la compra de un Legislador que Montesinos mismo filmó, sin duda, para continuar chantajeándolo.
Montesinos ha actuado como la hez de la política, de una política pervertida, sucia y brutal que tiene por único propósito mantenerse en el poder a como dé lugar para beneficiarse todo lo que se pueda, aunque el país se corrompa y se hunda.
Otorgarle asilo a alguien de esta calaña es burlarse de una institución cuya justificación humana y moral es la protección de las víctimas no de los victimarios, de los perseguidos no de los perseguidores, de los democratizadores no de los dictadores. Cuando la comunidad internacional aprueba convenciones contra la tortura y la corrupción, abusar del derecho al asilo para impedir que la letra y el espíritu de estas convenciones tengan vigencia, desnaturaliza el esfuerzo por humanizar y civilizar la vida de las naciones. Es una monstruosa hipocresía.
Si los países más grandes de nuestro continente consideran equivocadamente que se le debe dar asilo a Montesinos, bien pueden hacerlo ellos mismos que tienen servicios de seguridad capaces de vigilarlo e impedir la continuación de su actividad criminal o la venganza en su contra. Todavía, ahora que está en Panamá, todo indica que ha mandado un mensaje a sus cómplices, cuando permitió que el viceministro de Relaciones Exteriores (¿cómo se comprometió realmente él en esta tarea, según lo insinuó una televisora peruana?) lo retratara con un videocasete encima del libro que se suponía él estaba leyendo, probablemente para sugerir que se hicieran públicas evidencias ilegítimas en contra de los demócratas peruanos. Al insistir en que Panamá le otorgue asilo, los otros Gobiernos del hemisferio y la OEA nos crean un problema de seguridad. Peor aún nos desprecian, considerando a Panamá como el lugar apropiado para esta escoria de un régimen turbio que debiera haber desaparecido ya.
Acciones de los pasados Gobiernos panameños nos han traído este desprecio. Cuando el General Torrijos acogió al Sha de Irán, lo hizo por congraciarse con el Presidente Carter, no por ayudar al pueblo Iraní. Todo indica que se repartieron entonces dineros del Sha entre los allegados a la dictadura.
Cuando el Presidente Endara acogió a Jorge Serrano Elías, quien quiso ser otro Fujimori en Guatemala, lo hizo contra la voluntad del pueblo guatemalteco, que a través de sus Gobiernos ha luchado por obtener su extradición, para que el susodicho rindiera cuentas por presunta cuantiosa corrupción. Yo conocía a Serrano desde antes de que fuera Presidente y al llegar asilado a Panamá me mandó a decir que quería hablarme sobre la corrupción de los Legisladores de su país (ésta era su excusa). Le contesté que yo quería hablar también sobre la corrupción del Presidente de su país. Sabía que él había tenido hasta su residencia hipotecada antes de su Presidencia y que después de un corto período como Presidente había llegado a hacer inversiones millonarias en Panamá. Evidentemente no se dio la conversación. Por lo demás, insistentes rumores sugieren que él habría asociado a sus negocios a personas allegadas a los dos últimos Gobiernos, presumiblemente para garantizarse protección.
Cuando el Presidente Pérez Balladares acogió a los Generales Cedras y Biamby lo hizo por rendirle un servicio a Estados Unidos. Era la etapa inicial de su Presidencia, en la que se desvivía por congraciarse con los norteamericanos y llegó a comprometerse a realizar conversaciones con miras a la posible continuación de sus bases militares en Panamá. Lo que los Generales matones habían hecho por violentar a Haití y provocar una invasión no le impidió darles asilo.
De esta manera los pasados Gobiernos han establecido vergonzosos antecedentes de tolerancia con los victimarios, los perseguidores, los dictadores, que ahora nos vale el desprecio de nuestro continente. Peor aún, han hecho que algunos compatriotas exacerbados se refieran insultantemente a nuestra propia Patria como a "un basurero".
Las inconsistencias y la falta total de transparencia en las medidas que ha tomado el actual Gobierno con respecto a Montesinos son flagrantes: anuncio oficial de rechazo del asilo; luego, anuncio de reconsideración; más tarde, declaración del Contralor (¿por qué se entromete?) de que no hubo tal rechazo; entonces, anuncio de visa de turista por el Canciller sin saber decir cuándo y dónde ésta se había dado, acusación de la Presidenta sobre una visa de residente otorgada por el Gobierno pasado, advertencia de que la cancelaría y más tarde información por el Ministro de Gobierno de que dicha visa ya había vencido; mientras tanto, sugerencias de quid pro quo con el caso de Pacífico Castrellón y con la exclusión de Panamá de la lista negra del GAFI... Ha sido tan incompetente y tan burdo el comportamiento del Gobierno que cabe sospechar la intervención de intereses bastardos en el asunto. Ello empeora más aún la condición moral del caso.
El imperativo categórico de moralidad pública es claro y no admite subterfugios: Montesinos se debe ir de Panamá. Si la Presidenta cumple con este deber, el honor, la decencia y la seguridad del país se restablecerán. Si no lo cumple ella misma se descalificará éticamente de manera irremediable como Presidenta y también su Gobierno. Lo más grave es que acumulará más escarnio aún sobre nuestro país.
Los panameños y panameñas reclamamos que la Presidenta cumpla con su deber y que lo haga, como enseña Kant, no por ninguna ventaja o interés, sino por la simple y decisiva razón de que es su imperativo categórico, el único curso de acción moral que tiene. (ariyan@sinfo.net).