Un país débil y poco democrático es amenaza para los periodistas

"ALGUIEN QUE ha asumido una posición pública debe ser menos protegido en materia de honor y de privacidad que un ciudadano que no ejerce esa función", así se refirió José Carlos Ugaz, ex procurador especial de Perú frente al debate de la despenalización de los delitos de calumnia e injuria, y haciéndose eco de las reformas penales.
Este no es un debate exclusivo de Panamá, es un tema que no ha escapado a la realidad del periodismo que se efectúa en Perú, donde se hizo una investigación sobre los procesos que enfrentaron en los últimos 30 años los periodistas de la nación suramericana, y que determinó que efectivamente se había utilizado la calumnia e injuria como arma para tratar de silenciar a la prensa crítica del poder.
Un conocedor del tema en Perú es José Carlos Ugaz, por su desempeño al frente de la Procuraduría Especial de Perú en el caso Montesinos-Fujimori, y por estar vinculado al asunto de transparencia.
El ha convivido los últimos años en la lucha anticorrupción ejercida por el poder autoritario que fue liderado por el ex presidente Alberto Fujimori.
Ugaz sostiene que en el caso de los funcionarios, hoy día la doctrina es clara. Estos, por ser empleados públicos, tienen menor protección que un ciudadano común.
A la sociedad en general le interesa saber cómo está actuando e el funcionario, en qué consiste su patrimonio, cómo es que desarrollan los actos de gobierno, etc., sustentó.
El jurista reveló cómo la calumnia y la supuesta difamación se convirtieron por muchos años en la forma para silenciar a periodistas ante las duras críticas y las investigaciones contra los altos mandos de jerarquía institucional de su país.
Expresó que esto ha sido muy discutido en la medida en que roza la frontera con el derecho a la libertad de expresión.
"Hay reglas que la doctrina ha venido desarrollando respecto a la proporcionalidad de la información, en la que no sea groseramente injuriante; pero lo cierto es que en países con débil institucionalidad y poca práctica democrática se convierte en espada de Damocles para amenazar a los periodistas", indicó.
Reconoce que varios países estén optando, actualmente, por "discriminalizar" este tipo de conductas y, en todo caso, cuando ocurran excesos, éstos deben ser llevados al ámbito civil para que sean materia de indemnización patrimonial antes que delito.
Aunque no se aproximó Ugaz a ver la situación de la despenalización como una tendencia en las reformas internas penales de cada país, piensa que es un debate que se mantiene. "No podría decir de los países que lo han hecho, pero es una tendencia que hoy se está discutiendo en varias lugares".
Aboga por el hecho de que si se va a mantener el delito como tal, hay que tener claro cuáles son los límites para que una persona pueda incurrir o no en responsabilidad penal.
Citó, por ejemplo, que lo que tenga que ver con el derecho a la opinión no puede ser materia de una responsabilidad penal, "salvo, como he señalado, que sea groseramente insultante".
En una conversación que domina por los hechos suscitados a la prensa peruana, reiteró que hay criterios claramente establecidos en la doctrina, tanto en el sistema anglosajón como nuestra región.
Ugaz añadió que en Latinoamérica las personas con cargos públicos tienen la mínima posibilidad de que sean víctimas de difamación, calumnia e injuria.
Abogado penalista, graduado en la Universidad Católica de Perú, donde ejerce como profesor, con estudios en especialización en Holanda y España.
Ex presidente de PROETICA, capítulo peruano de Transparencia Internacional.
Fue jefe de investigaciones para América Latina y el Caribe del Departamento de Integridad Institucional del Banco Mundial.