Ningún país del mundo conjuga todos los aspectos químicos de eventual peligro, como lo hace Panamá, confió una experta en el tema.
Existe una Convención de Armas Químicas suscrita por 169 países del mundo -entre ellos Panamá- y la mayoría de esas naciones registra uno, dos, y posiblemente hasta tres, de los cuatro casos planteados en esa Convención como eventuales contingencias químicas de cuidado, pero Panamá es el único que registra las cuatro modalidades.
Ellas son: Casos de importación y re-exportación de sustancias químicas; casos de tránsito con cargas que contengan materiales químicos; casos en los que posiblemente se encuentren enterradas armas químicas; y por último, casos en que las industrias pudieran usar productos químicos, más allá del límite permitido.
Panamá aprobó esa Convención desde el 20 de julio de 1998 y, entre tropiezos, ha encaminado sus pasos hacia la ejecución de las disposiciones contenidas en ella, lo que implicaría en un futuro no muy lejano, cambios en legislaciones, reorganización de una "Autoridad Nacional" para atender el tema, y estudios, entre otras medidas.
De las cuatro modalidades registradas en Panamá, una es la que aparentemente ha concitado mayor atención nacional e internacionalmente. Se trata de aquella relativa al posible abandono por parte de EU de armas químicas en el territorio panameño. De momento, es poco lo que EU ha admitido sobre la magnitud del problema.
Pero revelaciones hurgadas entre algunos documentos desclasificados por el gobierno de EU, han allanado el camino para sospechar que durante décadas, esa potencia mundial realizó peligrosas pruebas químicas en territorio panameño, haciendo que surja la interrogante: ¿Dejaron un país químicamente impuro?
POR CUATRO FLANCOS
Ligia Castro, directora del Centro de Estudios de Salud Ambiente y Sociedad del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de Salud, una entidad que pertenece al Ministerio de Salud, reveló que la Convención de Armas Químicas (CAQ) suscrita por Panamá el año pasado, contempla cuatro aspectos fundamentales.
De acuerdo a la funcionaria, uno de esos aspectos es la posibilidad de abandono de armas químicas en el territorio nacional. En segundo término está el posible tránsito de sustancias reglamentadas por la Convención de Armas Químicas que son precursoras y que podrían ser usadas por otros Estados para fabricar armas químicas.
El tercero de los aspectos contemplados es la importación de sustancias para el uso de la industria y la re-exportación de estas sustancias (en nuestro caso panameño, este aspecto incluye a los puertos nacionales y la Zona Libre) y la última es el uso de las sustancias químicas, por parte de las industrias.
"Normalmente en los casos de los otros países se da el uso por parte de la industria, por parte de la exportación, o hay tránsito; o se da el uso por la industria y hay re-exportación; o se practica en la industria y hay armas abandonadas, pero "el único país del mundo en el que se dan los cuatro aspectos a la vez, es en Panamá", reveló.
CONVENCION, EU Y PANAMA
Con la publicación en la Gaceta Oficial del 20 de julio de 1998, de la Ley No. 48 "por la cual se aprueba la Convención sobre la prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción, abierto a la firma en París Francia el 13 de enero de 1993", Panamá aprobó el documento.
Cuando se asumió ese compromiso, en la Asamblea Legislativa se decidió que la "Autoridad Nacional para la Convención de Armas Químicas", fuera el Ministerio de Salud, pero éste no es el único que tiene competencia en el tema, y de allí la necesidad de integrar otras instituciones, explicó Ligia Castro. Pero ¿en qué consiste esa convención aprobada?
Esta Convención nace como un esfuerzo a nivel mundial por erradicar del planeta las "armas químicas". Entró en vigor el 29 de abril de 1997, y actualmente un total de 169 Estados del mundo la han firmado o han accedido a ella. Al mismo tiempo, los instrumentos de ratificación han sido depositados por 120 Estados.
Sucede que tanto Estados Unidos como Panamá, son signatarios de la Convención, y una de las disposiciones contenidas en el documento es taxativo al señalar que "cada Estado parte se compromete a destruir todas las armas químicas que haya abandonado en el territorio de otro Estado parte" de acuerdo a las disposiciones de la Convención.
GESTIONES DIPLOMATICAS
Una de las grandes preocupaciones que ocupa la agenda de quienes han denunciado que EU materializó experimentos químicos en Panamá, reside en que la información exacta acerca de la localización de tales sitios de experimento no ha sido revelada, sino muy parcialmente por EU a Panamá.
Gestiones diplomáticas de Panamá, no parecen haber sido muy insistentes sobre un reclamo a EU en lo que a las armas químicas se refiere. El 3 de marzo de 1998, el entonces ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Ricardo Alberto Arias, cursó una misiva al entonces embajador de EU en Panamá, William J. Hughes.
En esa nota, Arias anunciaba la inminente ratificación por parte de Panamá, de la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y Empleo de Armas Químicas y sobre su Destrucción, y a la vez clamaba por una colaboración internacional sobre el tema.
El canciller remitía a las autoridades de EU copia de los "documentos más relevantes" que tenía Panamá, referentes al "uso, almacenamiento y experimentación de armas químicas estadounidenses en territorio de la República de Panamá, dentro y fuera de la Zona del Canal de Panamá". Sin dar mayores detalles, una fuente de la Embajada estadounidense confirmó que Estados Unidos respondió tal misiva al gobierno panameño.
DISCOS COMPACTOS
En una entrevista concertada el 10 de febrero de 1999, el coronel Jeffrey Hunt, confirmó que EU realizó experimentos con mortíferos químicos en Panamá, a la vez y reveló que en diciembre de 1998, el gobierno de Panamá había recibido 23 CD que contenían información del trabajo del "Tropical Test Center" desde que llegó en 1964.
"Creo que hemos cumplido", dijo cuando se le preguntó acerca de los tenues pero presentes llamados del gobierno panameño solicitando información de los experimentos químicos, opinión que cinco meses después, sigue contrastando con la exigencia no satisfecha, de suministrar toda la información de tales experimentos de EU en Panamá.
Ligia Castro reveló que la "Unidad de Gestión Ambiental" de la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI), hizo una revisión de los CD y encontraron que en "lo que se entregó no existe ninguna evidencia sobre el asunto". Al parecer, la información está numerada y se presentaban baches, pues tal numeración no seguía uniformidad.
Según la funcionaria del Ministerio de Salud, existe información "que no se ha desclasificado aún, porque según la parte norteamericana afecta a terceros países". Se conoció que otros dos países involucrados en experimentos químicos en Panamá, de manera conjunta con Estados Unidos, eran Canadá y el Reino Unido.
Por acuerdo, los países signatarios de la Convención, están en la obligación de declarar si han dejado algún arma química en otro país. Según Castro, la Convención pidió a estos tres países que "rectificaran" la declaración inicial, para que, "si había algo que declarar en el caso de Panamá, se declarara", cosa que aún no ha ocurrido.
TONELADAS DE ARMAS
De acuerdo a Castro, hasta ahora "la información" con que cuenta el gobierno de Panamá, proviene de "los documentos que EU desclasificó".
Los registros históricos que han sido obtenidos por esfuerzos de prensa, así como de organismos como Fellowship of Reconciliation (FOR) y el Centro de Estudios y Acción Social Panameño (CEASPA), han trazado una idea dramática, acerca de la peligrosidad que representaría la presencia de municiones químicas en Panamá.
Por ejemplo. En abril de 1998, se confirmó a través de los medios de prensa locales, que Estados Unidos había enterrado durante los años cuarenta, municiones químicas en France Field, y además, se develaron documentos probatorios de que en ese sitio y por la misma fecha, se reportó un accidente con escapes del letal "gas mostaza".
Posterior a estas fechas, un estudio resultó clave en lo que al registro de municiones y armas químicas de EU en Panamá se refiere. Se trata de "Test Tube Republic: Chemical Weapons Tests in Panama and U.S. Responsability", un reporte fechado el 31 de julio de 1998 y producido por Fellowship of Reconciliation.
En esos informes se reveló que los agentes químicos almacenados o probados en Panamá son: VX , Sarín (GB), Agente Mostaza, Phosgene (CG) (que causó el 80 por ciento de las fatalidades químicas en la Primera Guerra Mundial), Cloruro Cianógeno (CK) e Hydrogen Cyanide (AC), todos ellos letales.
Los sitios en los que se registran actividades de Armas Químicas de EU en Panamá son: Isla de San José, Cerro Tigre, Chivo Chivo, Curundú, Fuerte Clayton, Río Hato, France Field, Campo de Tiro Emperador y Balboa Oeste, Isla Iguana, Fuerte Sherman, Aguas del Pacífico, Fuerte Gulick, Base Howard, Paraíso, Corozal y Base Albrook.
Más recientemente (julio, 99) FOR reveló que no menos de tres toneladas del letal agente nervioso VX, capaz de vulnerar severamente el sistema nervioso de un ser humano segundos antes de liquidarlo, fueron embarcados por EU a Panamá en 1964, según registros que no confirman que la mayor parte de ese material haya salido de Panamá.
INSPECTORES INTERNACIONALES
¿Puede la OPAQ enviar inspectores a Panamá para conocer la exactitud del problema? Sí, pero es necesario que Panamá cumpla con ciertos requisitos, siendo uno de ellos la posibilidad de presentar una "ubicación exacta" del lugar en donde podría hallarse la posible munición, o arma química.
Al gobierno de Panamá le resulta difícil cumplir con tal requisito: "Nosotros no tenemos una evidencia contundente como para hacer esa solicitud", lamentó Castro. Esto ocurre por varias razones, siendo una de ellas la falta de información que, por obligación también del Convenio, Estados Unidos está obligado a proporcionar.
Sobre la ayuda que hasta ahora se ha logrado obtener para Panamá de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, localizada en La Haya, Holanda, Castro reveló que ha consistido en la participación de "varios panameños en seminarios, en cursos que ha realizado la convención".
"Hasta ahora han ido cuatro funcionarios del Ministerio de Salud, uno de la Policía uno del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC)", reveló.
Otro apoyo recibido consiste en la proyección de enviar a Suiza a dos químicos analíticos de Panamá, quienes se involucrarán en "cursos muy especializados" y de "muy alto nivel". Esas serían las personas que trabajarían en los laboratorios, y quienes estarían en la capacidad de examinar cualquier tipo de contaminación en el país.
A más de lo anterior, se tiene proyectado un "seminario", que vendrían a impartir funcionarios de la Convención a Panamá, con el fin de "sensibilizar a la sociedad civil y a las instituciones del Estado, a la Cámara de Comercio y al Sindicato de Industriales (SIP), sobre la importancia de participar de forma coordinada para implementar la Convención".
GOBIERNO "BLANDENGUE"
De "blandengue" y "complaciente" ha sido calificado el gobierno saliente con respecto al tema del compromiso de descontaminación que debiera acatar EU con respecto a Panamá. Muchos no se explican la razón por la que las autoridades del gobierno no asumieron una postura más enérgica ante el problema.
En los niveles técnicos, la problemática de la eventual amenaza de las armas químicas ha sido bastante valorado e identificado documentalmente, pero en los niveles políticos ha sido notable la falta de una acción enérgica para exigir la demanda de responsabilidades informativas, coincidieron varias fuentes con las que se conversó.
En cuanto a las acciones que tomará el gobierno entrante, es poco lo que se sabe. Basándose en la directriz del actual gobierno, de no proporcionar información sino es a personas autorizadas por la presidenta entrante, oficialmente el gobierno saliente no ha transferido la información clave para encarar el problema.
Una fuente ligada al nuevo gobierno dijo que esa transferencia de información no se ha materializado oficialmente, pero otra fuente del gobierno saliente dijo que Relaciones Exteriores entregó información "general" sobre el tema. Se intentó obtener una entrevista con personas autorizadas en ambas instancias, pero nadie respondió.
Paralelo a ello, el gobierno de EU, no deja de insistir en sus invariables posturas con ambos gobiernos panameños.
Fue público y notorio que EU parece haber partido por delante en dar sus informaciones al nuevo gobierno. Aunque se desconoce si hablaron de armas químicas, sí se sabe que el 28 de junio, la presidenta Mireya Moscoso visitó las áreas contaminadas con Municiones No Detonadas (MND), e intercambió ideas con autoridades militares de EU.
Durante esa gira el presidente de la Comisión de Transición, Víctor Juliao, aprovechó la oportunidad para decir que no habían obtenido explicación alguna del gobierno de Pérez Balladares sobre la limpieza de los polígonos y que "por lo menos" ese día vieron cuál era "la opinión del Departamento de Defensa de Estados Unidos".
Estará en manos del gobierno de Mireya Moscoso, atender aspectos como la adecuación de legislaciones para cumplir el Convenio de Armas Químicas, la decisión de estructurar una "Autoridad Nacional" para encarar el tema, y también se podría fechar durante su mandato un simposio al que vendrían funcionarios de la OPAQ.
También se espera que se estudie la hipotética relación existente entre los índices de cáncer que se registran en ciertas regiones del país, y la posible presencia de las sustancias químicas. "Es un estudio que hay que hacer", aconsejó Castro, agregando que ya existe un "proyecto" para tal fin, pero no se han logrado obtener los fondos.
Según la funcionaria del Ministerio de Salud, entre las sustancias precursoras que están en los listados que cubren la Convención de Armas Químicas, "el mayor problema que habría de riesgo a la salud, sería el cáncer", pero en Panamá no se cuenta con un estudio que nos correlacione que efectivamente ello es así.
Aunque se sabe que el estudio para determinar la magnitud del peligro químico reclama altos costos (no se descarta que en base a la Convención deban ser asumidos en gran medida por EU), las amenazas químicas que ensombrecen la pureza ambiental, serán tareas que deberán acometer las autoridades que gobernarán ¿un país químicamente impuro?
