Un polémico edificio legislativo

LOS PLANES para construir un nuevo edificio anexo para la Asamblea Nacional empiezan a encontrar obstáculos.
A escasos cuatro días que el Ejecutivo sancionara la Ley 10 del 30 de marzo de 2006, que autoriza a la Asamblea a vender 16 hectáreas de tierras de su propiedad (frente al Colegio Chino-Panameño), grupos ambientalistas aseguran haber descubierto que estos terrenos están dentro del Parque Nacional Camino de Cruces, un área boscosa protegida por ley.
Con la venta de estas tierras, y que según la nueva ley podrían ser utilizadas para proyectos de desarrollo, la Asamblea proyecta obtener unos 10 millones de balboas.
Este dinero sería utilizado para financiar la construcción del nuevo edificio anexo de unos 3 ó 4 pisos, que se construiría en el área de estacionamientos ubicados actualmente en la parte posterior del Palacio Legislativo, colindante con la Avenida de los Mártires.
Ante tal situación, frente al "peligro que significaría para el ecosistema" la venta de estas tierras, grupos ambientalistas se preparan para iniciar una nueva batalla y advierten que interpondrán los recursos legales ante las instancias correspondientes, sino se revierte esta ley.
Raisa Banfield, presidenta del Comité Pro Defensa de Bosques Urbanos y el Parque Nacional Camino de Cruces, explicó que la recién aprobada Ley 10, que modificó la Ley 9 de 1998 que cedió algunas áreas de tierras a la Asamblea, es "violatoria" de la norma legal que creó y amplió el Parque Nacional Camino de Cruces.
Detalló que la Ley 30 de diciembre de 1992 que creó este parque, fue modificada por la Ley 29 del 23 de junio de 1995 que extendió los límites del área protegida al segregarse parte del Parque Natural Metropolitano para la construcción del Corredor Norte.
Indicó que los diputados al aprobar esta ley no tomaron en cuenta la legislación más reciente (Ley 29 del 23 de junio de 1995) que amplió esté parque, y cometieron un error al aprobar esta ley sin tener una visión física de los polígonos que se iban a segregar para la venta.
"El mapa vigente que delimita el Parque Camino de Cruces, evidencia claramente que los terrenos de la Asamblea que se van a vender, están dentro del Parque Nacional Camino de Cruces", advirtió.
A juicio de la ambientalista, ante este conflicto de leyes, la norma legal que se impone es la que busca la conservación patrimonial y la propia Constitución que dice que el Estado debe velar por la conservación del ambiente y los recursos de la Nación.
"No estamos en contra del desarrollo de este país, pero queremos un progreso equilibrado, sin dañar los recursos que vamos a necesitar en los próximo años, ¿Por qué acabar con estos recursos en aras de un progreso desmedido?, preguntó la dirigente.
Banfield pidió a los diputados que reconsideren y reevalúen esta ley, antes de proceder a realizar el acto público para la venta de las tierras.
Carlos Smith, secretario general de la Asamblea, al ser consultado sobre la posición de los ambientalistas, indicó que las tierras del Parque Camino de Cruces y las de la Asamblea están debidamente delimitadas por ley.
"Si a juicio de alguien esa finca de la Asamblea debe ser parte del Parque Camino de Cruces , hay que tener presente que ambas tienen una ley que la sustentan", enfatizó.
Explicó que existen otras 10 hectáreas (en total son 26 hectáreas) de tierras de la Asamblea dentro de esta zona, por lo que enfatizó que si el Estado las reclama, están dispuestos a que se les permute por otros terrenos que puedan ser utilizados por la institución.
"Las 16 hectáreas de las que habla le Ley 10, no tienen ningún tipo de problemas para su desarrollo. Ya ese terreno le pertenecía antes a la Asamblea Nacional", indicó.
Sostuvo además que en la venta pública, quien gane la licitación tiene que construir sujeto a las especificaciones de uso de suelo para esta zona.
Mientras esta polémica se define, la Asamblea Nacional se apresta a convocar la licitación pública para la venta de esta tierras.
De hecho, los planos del nuevo edificio ya están listos, y sólo se esperaba la sanción de la ley ya ratificada por el Ejecutivo esta semana.
Mediante esta licitación pública la Asamblea podrá vender las 16 hectáreas de tierras en 9.5 millones de balboas o más, según avalúo del Ministerio de Economía y Finanzas.
Según el diputado Carlos Alvarado, quien es uno de los propulsores de ese proyecto, existen estudios del Cuerpo de Bomberos de Panamá que indican que la actual estructura de la Asamblea Nacional es un "edificio enfermo".
Advierte que éste carece de las condiciones óptimas para albergar a los diputados y a más de mil 100 funcionarios administrativos que allí laboran.
Mientras que el presidente de la Comisión de Infraestructura, el diputado Rogelio Paredes, defendió el proyecto negando, que el edificio que se va a construir sea un lujo para los diputados.
"Da vergüenza los cubículos que tenemos actualmente los diputados y las condiciones del resto de la infraestructura que tiene más de 50 años de existencia", argumentó.
A su juicio, este proyecto es una manera de equiparar un poco el nivel de los diputados de este país con los del resto del mundo.
"No podemos ahora so pretexto de que estamos en austeridad, privarnos de una operación donde no le pedimos un centavo al presupuesto nacional y no nos endeudamos, ya que se está utilizando un activo de la Asamblea que se está perdiendo", afirmó Paredes.