El proyecto de salud sexual y reproductiva, que mantiene confrontados a la Iglesia Católica con diversos grupos por la obligatoriedad de la educación sexual con perspectiva de género en las escuelas, será sometido a discusión esta semana en la Asamblea Nacional.
El documento, que demoró más de tres años para ser presentado debido a sus polémicos artículos, no tiene el aval la Conferencia Episcopal de Panamá, que calificó como "peligroso" el documento por atentar contra la patria potestad.
Este argumento, según la Alianza de Mujeres de Panamá, no tiene fundamento. La agrupación dejó claro que el hecho de que la Iglesia católica se oponga al proyecto no significa que se hayan ignorado sus aportes que, incluso, fueron extemporáneos.
"Así trabaja la democracia, se aprueba lo que diga la mayoría; lo contrario es imposición", comunicó Mery Alfaro de Villageliú, en una misiva a monseñor José Luis Lacunza.
Preocupaciones.
Una de las preocupaciones de los que se oponen al proyecto gira en torno al artículo 7, referente al "ejercicio responsable de la patria potestad". Este artículo señala que es responsabilidad de los padres y madres de familia acompañar a sus hijos a solicitar servicios integrales de salud sexual.
Según los oponentes al proyecto, el concepto "ejercicio responsable" es flexible y relajado.
Sin embargo, la Defensoría del Pueblo y el despacho de la Primera Dama coinciden en que, muy por el contrario, el objetivo no es atentar contra los derechos y deberes de los padres, sino prevenir los problemas que una vida sexual conlleva a los adolescentes.
Otro de los artículos polémicos es el 22, que hace referencia al derecho a la esterilización voluntaria y gratuita para el hombre y la mujer en los hospitales públicos. Los que adversan el documento indican que no se hace distinción de edad.
Al margen de ello, la Asociación Panameña para el Planeamiento de la Familia (APLAFA) respaldó el proyecto, debido a la experiencia de trabajar con familias.
Indica que debido al excesivo número de hijos en familias pobres, se da el aumento de los niveles de pobreza en el país.
Teresita de Arias, una de las personas que impulsa el proyecto, invitó a todos los panameños que se lean el documento, que "no busca atentar contra la familia".
La ministra de Desarrollo Social, María Roquebert, secundó los comentarios de Arias al señalar que el proyecto sí respeta la patria potestad.
En la discusión de la propuesta, que se inició en 2005, participaron varias organizaciones.
