UNA iniciativa menos dura de lo que se esperaba resultó el contenido del proyecto de ley que reforma el transporte público de pasajeros en Panamá.
Algunos aspectos del proyecto eliminan la "exclusividad" de los panameños para operar el sistema de transporte público de pasajeros y el certificado de operación. Establece sanciones por el uso de equipo de sonido y la violencia contra el usuario.
Se sanciona con prisión a quienes realicen regatas, a quien ocasionen la muerte de una persona bajo los efectos de sustancias ilícitas o por causar la muerte y darse a la fuga.
Se establece como causal para cancelar un certificado de operación el cobro de tarifas distintas a las establecidas, el utilizar aparato reproductor de sonido y vídeo, incumplir el reglamento de seguridad, y la agresión o actos violentos contra los usuarios.
Se prohíbe en el proyecto de ley el uso de troneras, sirenas en los buses de rutas y en los colegiales.
El uso de aparatos de sonido y vídeo en los buses interprovinciales, internacionales y en el transporte selectivo será reglamentado por la Autoridad.
Elimina de la junta directiva a los representantes de la Cámara Nacional del Transporte (CANATRA), a los transportistas de carga y al viceministro de Comercio Exterior. No obstante, agrega a la Contraloría General de la República.
El director de la entidad no podrá tener certificado de operación de transporte ni ser miembro de alguna organización transportista.
Un proyecto "suave"
El proyecto de ley modifica o adiciona 22 artículos de los 51 que conforman la actual norma del transporte.