En el país se han aprobado miles de leyes, acuerdos, y convenios desde inicios de nuestra era republicana, pero muchas de éstas, a pesar de su aprobación, son desconocidas, incumplidas y muchas veces ignoradas, tanto por gobernantes como por gobernados, llegando a convertirlas en lo que algunos denominan leyes muertas, inaplicables, utópicas o ilusorias.
Sólo en los últimos diez años se han aprobado un total de 505 leyes, las suficientes como para que en este país, en materia legal, todo funcione a las mil maravillas, pero muchas de estas leyes son incumplidas por los juega vivo (quienes piensan que las leyes se hacen para ignorarlas), la falta de voluntad de los gobernantes para su aplicación, la falta de recursos económicos y los niveles de corrupción en algunas esferas de los tres poderes del Estado.
El incumplimiento o no-ejecución (o aplicación a medias) va desde leyes simples como la que ordena a los restaurantes nacionales a ofrecer dentro de sus minutas, frutas nacionales, la que establece el uso obligatorio de papel desechable para la cubierta de la taza del servicio en sitios públicos, o la que impide a los taxistas llevar a más pasajeros sin el consentimiento del que está siendo transportado en el vehículo, además de decretos o normas contra el ruido, las que impiden arrojar basura en las calles o en los sitios no adecuados, la que impide fumar en lugares públicos, la que impide actos discriminatorios en locales públicos; las normas que establecen las leyes de tránsito (manejo desordenado), entre otras.
Otras leyes aplicadas a medias o ni siquiera implementadas o violadas constantemente incluyen la de Colón Puerto Libre, la Ley de Carrera Administrativa, el Código Administrativo, la Ley 40 del Régimen Especial de Responsabilidad Penal para la Adolescencia, la que creó la Autoridad del Transporte, el Código de la Familia, la Ley 80 que crea una base y banco forense de datos de ácido desoxirribonucleico, así como las que impiden obstaculizar el libre tránsito con los famosos cierres de calles, sin que las autoridades tomen alguna medida al respecto.
LEYES UTOPICAS
De acuerdo con la ex magistrada y presidenta encargada del Colegio Nacional de Abogados, Aura Emérita Guerra de Villalaz, el gran esfuerzo que se realiza al aprobar las leyes se tira por la borda, al no aplicarse en su totalidad, en la mayoría de las ocasiones por problemas presupuestarios.
Expresó que en el área de justicia por mucho tiempo se han creado, a través de leyes, tribunales e instituciones para hacer más eficaz los procesos judiciales, sin embargo, pasa el tiempo y no hay las partidas para su implementación.
Precisó que la corrupción ha impedido también la ejecución de muchas leyes, "que no han permitido que se cumpla plenamente con los que son las grandes aspiraciones de este país".
Recalcó que el enriquecimiento ilícito, previsto en el Código Penal, además del recibir prebendas, dinero o beneficios adicionales, cuando realmente está cubierto su trabajo y su servicio en el mismo Estado, son situaciones ilegales que se dan en el país.
Enfatizó que lamentablemente se están aprobando algunas leyes idealistas y utópicas, "lo que hay que tomar en cuenta ya que se está perdiendo el tiempo, al no contar con los recursos económicos posteriormente para aplicarlas".
COLON PUERTO LIBRE, "UNA LEY MUERTA"
Por su parte el legislador Miguel Bush en cuanto a la aprobada pero no implementada Ley Colón Puerto Libre de 1992, quien en su momento la respaldó, expresó que su aplicación textual la llevaría a ser "una ley muerta", o que en la práctica no se iba a poder implementarse, por lo difícil que iban a ser los controles a más de 25 vehículos.
"La ley iba ser impráctica, ya que controlar la salida de esa cantidad de vehículos después de las cinco de la tarde era casi imposible.
Bush hizo referencia a la calificación de legisladores ilusorios, aseverando que la mayoría de los proyectos de leyes, reformas a los Códigos, no provienen de los legisladores, provienen de la Corte, del Organo Ejecutivo y del Ministerio Público.
En este sentido el catedrático universitario y ex legislador Guillermo Cochez al consultársele sobre el tema, expresó que hay leyes y normas que están de adorno partiendo de la misma Constitución de la República.
Recalcó por ejemplo que el artículo 41 de la Constitución establece que toda persona tiene derecho a presentar peticiones y quejas a los servidores públicos por motivos de interés social y particular y el de obtener pronta resolución. El servidor ante quienes se presente una petición, consulta o queja deberá resolver dentro del término de 30 días.
La Ley señalará las sanciones, explica Cochez, pero sin embargo esto es una ilusión ya que el 5 de junio, hace 90 días, le mandé una carta al Contralor Weeden solicitándole copias de los contratos de los asesores Anabela Rodríguez y del asesor en materia de seguridad Mike Fitgerald, y todavía la estoy esperando, a pesar que es una información pública".
Otra norma que se incumple asegura Cochez, son las del Código de la Familia, "ya que hay artículos del Código de la Familia que dicen concretamente que los lugares de expendio de bebidas, discotecas, bares, etc, que se compruebe están vendiendo licor a menores de edad serán sancionados y en caso de reincidencia, serán clausurados, pero esto no se aplica en la mayor de las veces.
"LEYES UTILIZADAS COMO PAPEL HIGIENICO"
Por su parte, el secretario del Frente Nacional Contra la Corrupción, Enrique Montenegro, precisó que en este país lo que sobran son leyes, de las que diariamente se incumplen más de diez.
Manifestó que dentro del Código Administrativo se establece que organismos y particulares puedan enviar misivas a los funcionarios públicos y estos no dan respuesta, cayendo en desacato.
El Código Administrativo inclusive estipula la separación del cargo del precitado funcionario y una respectiva sanción, y aquí no pasa nada. Las leyes y la Constitución aquí en Panamá son utilizadas como papel higiénico y una prueba de eso es el poder que tiene el Ejecutivo sobre la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia cuando deben ser órganos independientes y no lo son".
Por su parte, la abogada Carmen Donna Aven, precisó que los grandes responsables de que no se cumplan las leyes en el país es la misma ciudadanía, que aunque no forma parte del engranaje gubernamental o judicial puede exigir que éstas se cumplan.
"Los grandes responsables somos nosotros mismos que no exigimos que nuestros derechos sean cumplidos. Por lo que en la medida en que todos exijamos el cumplimiento de nuestros derechos y las normas establecidas, vamos a tener un mejor país, en donde no será necesaria la aprobación de tantas leyes", puntualizó.
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