Aquí quien actúa ilegalmente es la Corte Suprema. Es absurdo que le digan a la Contraloría General que no puede velar por un patrimonio que va de un Estado a otro, al decir que es un fondo privado. Esto es una barbarie jurídica.
La Corte está desconociendo que la ex presidenta Mireya Moscoso, el 18 de octubre de 2001, emitió el Decreto 135, en el que se estableció que eran fondos públicos todas las donaciones recibidas por otros gobiernos.
Mientras que tengamos a una Corte con semejante mentalidad, ¡que siga la fiesta!.
