Las cifras
- 36 metrobuses ingresarán en el primer semestre del año para reforzar la flota existente.
- 3 por ciento de la flota adicional representa esta cantidad, que la empresa debe cumplir.
Una doble inversión en el sistema de transporte mantiene estancada en la Contraloría General de la República, la firma del contrato municipal que busca auxiliar el servicio de transporte en la capital, a un costo de 250 mil dólares, que asumirá la Alcaldía de Panamá.
La más reciente inquietud sobre la inversión en el grado de responsabilidad que tiene Mi Bus en el servicio de transporte desde que asumió el compromiso contractual, emergió desde esta entidad fiscalizadora de los fondos públicos.
Allí, un equipo de auditores despeja "una serie de interrogantes", entre ellas la corresponsabilidad de la empresa, que según fuentes de la Contraloría podría condicionar el refrendo del contrato municipal para ofrecer el servicio de transporte por diez días como lo ha solicitado la alcaldesa Roxana Méndez. Incluso, verifican que ninguno de los puntos del contrato choquen con los establecidos con la empresa Mi Bus.
Sectores empresariales, usuarios y grupos de la sociedad civil preguntan si es potestad de las autoridades buscar alternativas de solución al problema o fortalecer la fiscalización en el cumplimiento del contrato 21-10 firmado el 5 de agosto de 2010 entre el Estado y Mi Bus. Coinciden en que es la empresa concesionaria la que debe asumir el compromiso de mejoras en el sistema, bajo los riesgos de inversión.
El abogado Víctor Martínez, con una decena de expedientes en su despacho que, según él, testifican su afinidad con el tema, consideró acertada la posición de la contralora Gioconda de Bianchini de despejar con cuidado las interrogantes sobre a quién le corresponde enfrentar la serie de quejas que reportan los usuarios desde que se completó el sistema.
En base al parágrafo R del artículo vigésimo cuarto del contrato, sobre las obligaciones del concesionario (registrar y atender diligentemente las quejas de los usuarios o terceros afectados), Martínez se atrevió a sugerir como alternativa que la Contraloría firme la petición municipal, siempre y cuando la empresa asuma el costo del compromiso económico con la empresa Interbus, S.A.
"Aprobar el contrato tal y como está es hacer una doble inversión de lo mismo y cargar la irresponsabilidad de la empresa que hasta la fecha no ha podido ofrecer una respuesta oportuna sobre el tema", puntualizó Martínez, quien a título personal prepara dos demandas civiles que presentará el próximo martes ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.
En estos recursos exigirá la nulidad del contrato 21-10 y del administrador financiero. La primera, por incumplimiento del contrato, y la segunda, porque no es "una concesión administrativa".
Sobre el tema, el presidente de la Asociación de Ejecutivos de Empresa (Apede), Roberto Troncoso, dice que el dilema entre la mejoría del servicio y las alternativas de solución se focalizan al término “monopolio”, al que hace referencia el presidente Ricardo Martinelli, cuando exige a Mi Bus mejoras al servicio.
“Esto (monopolio) se traduce en que no hay una alternativa para un mejor servicio que pueda suplir las necesidades de los usuarios...aquí te aguantas o te aguantas”, comentó.
El presidente de la Apede entiende que el costo del pasaje no permite apertura del mercado en ese sentido, pero sí, con base en un mejor servicio de calidad y comodidad que debe considerarse. Troncoso reconoce como positiva y buena la iniciativa municipal, siempre y cuando la razón se mantenga libre de aspiraciones políticas de reelección.
En la comuna capitalina la alcaldesa Roxana Méndez insistió en que el propósito de poner a circular 50 buses “simplemente es para paliar, en parte, esa necesidad evidente que sufren los usuarios desde el pasado 15 de marzo”.
Méndez está convencida de que la empresa debe aumentar la flota de buses para cubrir la demanda. Pero entiende que es un proceso que involucra estudios y con base en eso, cree que en el tiempo que dure el contrato municipal, Mi Bus hará las correcciones.
Las interrogantes de la Contraloría para el refrendo del contrato no le preocupan. “Son peticiones y procesos que son normales. Entiendo que a la contralora no le gusta que la estén presionando y se puede tomar el tiempo que sea necesario”. Mencionó que la última petición de la Contraloría enviada el lunes por la tarde fueron certificaciones de los estados financieros y administrativos de la empresa Interbus S.A. y la cobertura de las rutas por donde se ofrecerá el servicio por los días que dure el contrato.
Investigación de oficio
En la Defensoría del Pueblo guardan un sinnúmero de quejas sobre la frecuencia y escasez de los buses, así como la falta de paradas adecuadas para los usuarios, que la llevaron a intervenir.
Julio de Gracia, oficial de Derechos Humanos de la Defensoría, informó que luego de ver las constantes quejas, se abrió una queja de oficio para conocer qué medidas han tomado los involucrados en el tema para corregir los inconvenientes presentados con la implementación del sistema.
A través de la queja se envió nota al director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y a los directivos de Mi Bus para que rindan un informe que indique las medidas para corregir los inconvenientes reportados.
En la institución también hay posiciones claras sobre la responsabilidad de mejoras en el sistema. “Consideramos que cualquier iniciativa que redunde en beneficio del ciudadano que vive diariamente dificultades con el transporte público, debe ser analizada y llevada adelante; sin embargo, el responsable principal en toda esta situación es la empresa Mi Bus”, dice De Gracia. Con anterioridad la defensora Patria Portugal dejó entrever que el problema surgió por la “falta de planificación e instó a que se tomen los correctivos necesarios, porque se ha desmejorado la calidad de vida de la población”.
