Una inmunidad que genera duras críticas

LA PROCURADORA Ana Matilde Gómez advirtió que algunos artículos del recién aprobado proyecto que fija un mecanismo para la investigación y procesamiento de los diputados, son inconstitucionales.
Son precisamente los artículos 3 y 4 del proyecto los que objeta Gómez. El artículo 3 establece que en caso que el pleno de la Corte Suprema de Justicia admita la denuncia o querella, en sala de acuerdos deberán comisionar a un magistrado que actuaría como fiscal de la causa penal o policiva.
Mientras que el artículo 4 indica que el magistrado que ejerza las funciones de fiscal será el que realizará las averiguaciones que conduzca al esclarecimiento del hecho imputado, y todas aquellas circunstancias favorables o desfavorables que conduzcan a su vinculación o desvinculación con el hecho.
Con el documento aprobado, las denuncias o querellas que se promuevan contra un diputado tendrán que ser presentadas ante la Secretaría General de la Corte.
Incluso, cuando se trate de causas penales que se hayan iniciado en una agencia del Ministerio Público, del Órgano Judicial, del Tribunal Electoral, de la Fiscalía Electoral o en la jurisdicción aduanera, en las cuales esté vinculado un diputado, el funcionario o el juez que conozca del caso deberá elevarlo al Pleno de la Corte.
Con esta norma, según la procuradora, se le está quitando al Ministerio Público la facultad de ser ser el agente de instrucción en estos procesos y, en consecuencia "podríamos quedar totalmente fuera de las investigaciones que se mantienen en contra de algunos diputados".
A juicio de Gómez, aunque el proyecto indica que la Corte puede comisionar al Misterio Público en estos casos, no necesariamente a la procuradora, no hay tal cosa de delegar la comisión a otro. "Una vez que alguien es comisionado en un proceso no puede designar a nadie" destacó.
Magaly Castillo, directora Ejecutiva de Alianza Ciudadana Pro Justicia, criticó que las decisiones que tome el pleno de la Corte contra un diputado, sean adoptadas por el voto de la mayoría absoluta.
Cuestiona, además, que la sentencia que resuelva el fondo de la causa penal sea adoptada por las dos terceras partes de los miembros del pleno de la Corte.
"En Panamá tenemos que hacer reformas para eliminar estas prerrogativas procesales que al final se convierten en privilegios", señaló.

Según el perredista Jerry Wilson, es una ignorancia de los que, aún con conocimiento del derecho, se atreven a decir que la norma aprobada es una prerrogativa que buscan los diputados para refugiarse en un nuevo modelo de inmunidad.
En tanto, el panameñista José Blandón está de acuerdo con la inmunidad parlamentaria, porque no pueden tener la seguridad de que no habrá intentos del Ejecutivo de subyugar a algún diputado.