Aquel 4 de septiembre Aizprúa se convirtió en el habitante número millón de la República de Panamá, por lo que, después de tres meses de su nacimiento el presidente Ernesto De La Guardia Jr., aprobó la Ley No. 51.
Se ordenaba la entrega de 45 hectáreas y se establecía que la educación del niño correría por cuenta del Estado, desde la pre-escolar hasta la universitaria.
Aizprúa, en una entrevista con El Panamá América, solicitó al presidente de la República, Martín Torrijos, su ayuda para que se cumpla con esta norma emitida hace 46 años.
Mencionó que a través de la Defensoría del Pueblo enviará una nota al ministro de la Presidencia, Ubaldino Real, en la cual explicará su situación.
Y es que son en esencia tres los puntos que se someten a consideración:
La existencia de mecanismos, incluyendo leyes e instituciones, que promuevan la rendición de cuentas públicas y limiten la corrupción.
La efectividad de estos mecanismos.
El acceso que los ciudadanos tienen a información pública que permita la rendición de cuentas por parte de sus gobiernos.
El Índice de Integridad Pública agrupa a los países en cinco niveles: muy fuerte (puntaje del índice: 90 a 100), fuerte (80 a $<90); moderado(70 a $<80); débil (60 a $<70) y muy débil (0 a $<60), en base a sus sistemas de integridad pública.
Ningún país clasificó en el nivel de muy fuerte en esta muestra de 25 países, seleccionados en base a su diversidad geográfica y económica. Junto a Panamá figuran países como India, Indonesia, Kenia, Nicaragua, Namibia, Rusia, entre otros.Los compromisos de Martín Torrijos:
Cárcel para los corruptos.
Llevar ante la justicia a quienes han atentado contra el erario.
Auditar todas las instituciones y programas gubernamentales.
Implementar la ley de la Carrera Administrativa.
Hacer público un informe sobre el uso de la partida secreta.
Fortalecer las fiscalías anti Corrupción.
Presentar en los próximos dos meses un plan integral de ajuste fiscal.
Evitar los sobornos disimulados, las coimas y el cobro o pago a funcionarios por favores a cambio.
Realizar un referéndum para el tema del Canal.
Los medios de comunicación conservarán su libertad.
