Entre los órganos fundamentales del Estado, es el Legislativo el que siempre recibe los mayores enconos por las insatisfacciones que sufre la ciudadanía. Tiene críticos ácidos. Unos cargados de rencores, y otros que buscan la complacencia de aquellos que disfrutan de los enredos políticos. Hay que admitir que algunas críticas tienen la estatura constructiva.
Muy pocas veces admitimos que su composición es el producto de la voluntad soberana de sus electores. Que su nivel heterogéneo no puede ser igual a una Corte Suprema de Justicia, en la que sus integrantes tienen que ostentar un grado académico y similitud de disciplina. A un Organo Ejecutivo cuyos miembros son seleccionados como altos asistentes del Presidente de la República.
Lo más representativo en un sistema democrático es el Organo Legislativo o Parlamentario. Si lo eliminamos obedeciendo a las insatisfacciones populares o porque es carga inútil para la sociedad, el resultado es fácil prever.
En el caso de nosotros los panameños, bien vale la pena que la recién estrenada Comisión Nacional de Reformas Electorales estudie y proponga una reestructuración en las funciones y constitución del Organo Legislativo. La realidad nos debe enseñar que no está cumpliendo como órgano de contrapeso del Ejecutivo ni los electores tienen las mayores alternativas para seleccionar a los mejores candidatos entre los que se les propone. Es sobre esto último lo que nos lleva a redactar esta colaboración.
En primer lugar, el sistema diseñado en el artículo 141 de nuestra Constitución Política para elegir legisladores de la República, es un ensayo que ya cumplió, hace rato, su propósito. Superada aquella coyuntura de legisladores de corregimiento, y ahora casi de distrito, hace falta la visión de un legislador que represente a la nación. Un poco más libre de la natural presión de sus electores lugareños para que se entregue de lleno al estudio, análisis y propuestas de proyectos de leyes más a tono con los requerimientos de esta nueva etapa republicana.
De pronto el sistema de los circuitos provinciales ofrece más opciones a los partidos políticos para postular candidatos. Y como consecuencia, los electores deberán gozar del privilegio de mayores y mejores alternativas. Los diseñados circuitos actuales son limitativos y restrictivos para seleccionar candidatos.
En segundo lugar, el elector debe tener el derecho de que su voto para legislador comprenda hasta la misma cantidad fijada en su circuito, independientemente de los partidos que los propongan. Limitar el voto a candidatos de una sola papeleta, implica también limitar la conciencia del sufragante, que en su gran mayoría no son militantes partidistas.
No soy optimista de que una nueva reestructuración del Organo Legislativo va a aplacar esa casi natural animadversión contra los legisladores, porque sus raíces provienen de muchas causas. Unas con razón, y otras sin razón. Lo importante es que la clase política y la fuerza civil organizada se empeñen en buscarle una mejor cara al Legislativo y facilitarle al elector los medios para que haga mejor su trabajo de selección.
La agenda propuesta a la Comisión Nacional de Reformas Electorales por el Tribunal Electoral contiene temas que nos parecen males menores, pero que bien vale la pena tratarlos. Sin embargo, ir un poco más allá no es dañino, aunque se tenga que reformar nuestra Carta Magna, si es que seguimos perezosos para darnos una nueva.
