Una Procuradora sin"compinches ni amigos"

UNA DE las tareas de la procuradora general de la Nación, Ana Matilde Gómez, al llegar a este nuevo cargo, es romper con la cultura institucional de un pasado que ha calificado como injusto, para lograr los cambios hacia una gestión ética que permita vencer la impunidad.
Gómez ha sostenido que este pasado injusto transmitió por años a algunos funcionarios de instrucción una serie de costumbres, antivalores, actos, acciones y omisiones que ha permitido que el tráfico de influencias y la selectividad en la tramitación de algunos expedientes fuera el mejor argumento jurídico.
En este sentido, instauró un control judicial en las agencias de instrucción por los casos de corrupción que recientemente se han detectado en el Ministerio Público. Impartió instrucciones precisas a los fiscales superiores, para que ejerzan un verdadero control del desenvolvimiento de sus despachos, en el avance de los sumarios, y el comportamiento del personal a ellos asignado.
Igualmente en la realización de auditorías de expedientes, de manera que se prevengan actos de corrupción.
En sus nueve meses de gestión se han registrado en el Ministerio Público 102 promociones en base al desempeño laboral y académico que han alcanzado los funcionarios a lo largo de su carrera dentro del Ministerio Público, explicó Gómez.
Mientras que se han efectuado siete remociones de funcionarios de jerarquía en el Ministerio Público de un total de 67 fiscales que ejercen sus labores, una cantidad que considera ínfima, luego de realizarse una serie de procesos disciplinarios.
"Este proceso interno se nos ha querido cuestionar y se ha mediatizado, como una cacería de brujas", afirmó. Aunque admite que "es casi imposible llevar la antorcha de la verdad a través de una multitud sin chamuscarle la barba a alguien".
La procuradora busca perfiles de dedicación, valores morales, hojas de servicios limpia, trayectoria y compromiso institucional en sus funcionarios de instrucción sumarial.
Al mismo tiempo no ha podido establecer que los nuevos fiscales y demás funcionarios sean designados o promovidos a través de concursos por Carrera Judicial, debido a que esta figura no tiene fundamento legal en la ley que del Ministerio Público.
Gómez señaló que este tema ha sido una de las propuestas solicitadas en el Pacto de Estado por la Justicia.
La jefa del Ministerio Público, en su método de escogencia, ha dejado atrás las críticas vertidas contra la selección de los anteriores fiscales, basándose en la meritocracia.
"En lo absoluto, no hay ninguno que tenga grado de afinidad conmigo, recuerde que yo también estuve dentro de la institución, algunos fueron o superiores, subalternos o compañeros, pero ninguno fue compinche, ni amigo. Yo no he ido a la casa de ninguno y ni ellos a la mía", aclaró.
Dentro de los cambios efectuados y la introducción de nuevos modelos en su gestión se encuentran la asignación de una Fiscalía Tercera Anticorrupción, la Secretaría de Responsabilidad Institucional y Derechos Humanos del Ministerio Público, la Secretaría de Vigilancia y Control de la Procuraduría General de la Nación, en la Policía Técnica Judicial.
Además quiere poner en ejecución la optimización del recurso existente, con el fin de agilizar la labor de instrucción de las Fiscalías Anticorrupción, al eliminar un trámite que consideraba burocrático y que conllevaba un retraso innecesario en el inicio de la investigación sumarial.
La Procuradora delegó en las Fiscalías I y II Anticorrupción, la facultad de "recibir, directamente, las denuncias y querellas de los delitos que sean de su competencia, aprehender el conocimiento inmediato, y ejercer la acción penal ante los tribunales competentes. Como también fue puesta en función la adopción del Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos y que promovió durante la semana de la Transparencia contra la Corrupción celebrada recientemente.