El presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y magistrado de la Corte, Arturo Hoyos, consideró ayer que las reformas constitucionales deben convertirse en una revolución de derechos que beneficien a los ciudadanos.
Hoyos alegó que debido a la ola de violencia que se vive en el país sería prudente introducir en las reformas, reconocer a las víctimas del delito a ser indemnizados por sus victimario.
También propuso que se debe incluir en el proyecto la posibilidad que antes de otorgarse un indulto o amnistía, debe notificarse a la víctima.
El magistrado Arturo Hoyos consideró prudente que el Estado conceda asistencia legal gratuita a quienes no pueden pagar un abogado.
A la vez estimó necesario la inclusión de derechos a terceros dentro de la Carta Magna, lo que permitiría una ampliación de los ya existentes.
Por su parte, su colega Rogelio Fábrega Zarak consideró prudente incluir en los cambios constitucionales, uniformar la terminología del artículo 5 de las reformas.
Además, señala que los delitos de enriquecimiento ilícito deben debe ser de jurisdicción especial a cargo de una Tribunal de Cuentas, cuyas funciones deben estar definidas por la ley.
El magistrado Fábrega Zarak coincidió con su colega Hoyos al considerar que el cambio propuesto al artículo 186 numeral 3 de la Carta Magna, contenido en el artículo 22 del proyecto de reformas, implica expandir la responsabilidad penal del Presidente y Vicepresidentes a cualquier delito sancionado con pena privativa de la libertad.
Rogelio Fábrega Zarak sostuvo que aquí se podrían incluir delitos verdaderamente inocuos como el de injuria o en caso de un accidente de tránsito, en que se vea envuelto y se registren lesiones personales, podría ser objeto de denuncia ante el Organo Legislativo, un ente eminentemente político.